La libertad de poder marcharse

Canadá acaba de dar una lección al mundo porque ha aceptado discutir su posible división civilizadamente. El 19 de octubre, Alberta, la provincia petrolera del oeste, votó sobre si debía permanecer en Canadá o iniciar el proceso constitucional que conduciría a un referéndum vinculante de independencia. El resultado ha sido demoledor: alrededor del 75% eligió seguir en Canadá, frente a un 25% partidario de abrir el camino de la separación. La votación supone también un revés para quienes, desde el trumpismo estadounidense, han jugueteado irresponsablemente con la desestabilización de Canadá. Dirigentes separatistas de Alberta se reunieron en Washington con funcionarios de Estados Unidos y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llegó a presentar una Alberta independiente como un «socio natural» de su país. Las amenazas de Donald Trump contra la soberanía canadiense y su obsesión con convertir Canadá en el estado número 51 parecen haber producido el efecto contrario: reforzar una identidad canadiense. Sin embargo, lo más interesante no es que Canadá haya ganado esta votación, sino cómo permite organizarla. Tras las traumáticas consultas de Quebec de 1980 y 1995, el Tribunal Supremo estableció en 1998 las reglas constitucionales de una eventual secesión y el Parlamento aprobó en 2000 la Clarity Act, la Ley de Claridad. Su filosofía merece convertirse en un estándar internacional: una democracia no tiene por qué aceptar una secesión unilateral, pero tampoco puede responder indefinidamente a la voluntad significativa de una amplia porción de habitantes de uno de sus territorios con un simple “no se puede”.

Dentro de menos de un año se cumplirán diez del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La comparación resulta dolorosa. Aquel referéndum carecía de garantías suficientes y había sido declarado inconstitucional. Por eso España necesitaba política, inteligencia institucional y una vía legal para medir democráticamente la voluntad de los catalanes

La Ley de Claridad exige una pregunta inequívoca y una mayoría clara. Si ambas existen, nace la obligación de negociar. Y negociar significa afrontar también aquello que los eslóganes independentistas suelen esconder: fronteras, deuda, activos, derechos de las minorías y de los pueblos indígenas, y las reformas constitucionales necesarias. No hay un derecho mágico a marcharse al día siguiente de contar papeletas, pero tampoco un derecho del Estado a encerrar para siempre a una población que expresa inequívoca y persistentemente su voluntad de salir. Entre ambos extremos está la civilización política. Dentro de menos de un año se cumplirán diez del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La comparación resulta dolorosa. Aquel referéndum carecía de garantías suficientes y había sido declarado inconstitucional. Por eso España necesitaba política, inteligencia institucional y una vía legal para medir democráticamente la voluntad de los catalanes. Eligió, en cambio, policías entrando en colegios electorales, porras contra ciudadanos que querían depositar una papeleta e imágenes que Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron como uso excesivo de la fuerza. Después llegaron procesos penales, prisión para dirigentes políticos y otros líderes en el extranjero para evitarla. Fue una formidable victoria de la coerción y una derrota de la política. Las imágenes de abuelas arrastradas por el pelo y de gente lanzada por las escaleras nos perseguirán siempre como país.

Y aquello no era inevitable. Había otro camino y se decidió con extrema arrogancia no emprenderlo, ni siquiera considerarlo. El Reino Unido pactó con Escocia el referéndum de 2014. Participó casi todo el electorado, que por amplia mayoría votó por permanecer. Nadie necesitó requisar urnas. Bélgica ha transformado en las últimas décadas su dificilísima convivencia entre flamencos y francófonos mediante un federalismo real que supera nuestro título octavo constitucional. Finlandia mantiene las Åland, suecoparlantes, autónomas y desmilitarizadas, bajo un régimen amplio de autogobierno. Ninguno de esos países ha desaparecido por reconocer que la unidad política es más fuerte cuando descansa sobre el consentimiento y la pluralidad. Esa es la paradoja que España se resiste a comprender. Facilitar jurídicamente la salida puede ser una de las mejores maneras de hacer atractiva la permanencia. Quebec tuvo dos oportunidades de irse y continúa en Canadá. Escocia pudo votar y continúa en el Reino Unido. Alberta acaba de rechazar incluso iniciar el camino hacia la independencia por una mayoría abrumadora. La posibilidad de decir «me voy» convierte el «me quedo» en una decisión libre. España debería aprender de ellos. No para conceder automáticamente la independencia a quien la reclame, ni para aceptar preguntas tramposas o mayorías accidentales, sino para elaborar una Ley de Claridad propia que establezca de antemano pregunta, mayoría, participación, garantías, negociación y consecuencias. Las fronteras no son sagradas y los Estados no son cárceles. Su legitimidad última procede de las personas. Canadá puede celebrar que Alberta se queda. Y puede celebrarlo de una manera que España no pudo ofrecer en 2017: sabiendo que se queda porque ha podido plantearse la salida. Ésa es la diferencia entre conservar un territorio y conservar una comunidad política. Quebec, Alberta y Escocia permanecen voluntariamente. Otros permanecen también, pero a la fuerza.