Nos llaman “extranjeros” en nuestro propio país

España tramita en estos momentos la Proposición de Ley para Impulsar el Alquiler de Viviendas a Precios Asequibles, cuyo artículo 4 introduce un nuevo tributo: el Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea. El planteamiento es tan directo como alarmante: toda persona física o jurídica no residente en la UE deberá pagar un gravamen adicional del 100% al comprar una propiedad en España.

¿El problema? Que la ley no distingue entre extranjeros y españoles. El único criterio es la residencia fiscal. Así, un español residente en Londres, Ginebra o Buenos Aires se ve equiparado a un extranjero. Se nos trata como a extraños en nuestro propio país.

No se trata de un olvido técnico, sino de una exclusión política. No se ha consultado a la ciudadanía española en el exterior. Nadie nos ha preguntado si esta medida tiene sentido. Nadie ha valorado el impacto que tendrá sobre el retorno voluntario o sobre nuestro vínculo con España. No existimos para quienes legislan.

Por eso, como consejero del CRE de Londres, he presentado una propuesta formal al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) solicitando:

• Que se revise el artículo 4 del texto legal.
• Que se excluya expresamente de este impuesto a los ciudadanos españoles con residencia fiscal fuera de la UE.
• Y que, de una vez por todas, se consulte a nuestra ciudadanía antes de legislar en nuestra contra.

También he trasladado esta preocupación al grupo fiscal de españoles en el Reino Unido, que cuenta con más de 4.300 miembros, y que ya se moviliza ante esta amenaza fiscal que atenta contra nuestro arraigo y nuestra identidad como ciudadanos españoles.

Desgraciadamente, se legisla como si el vínculo con España se extinguiera al cambiar de domicilio fiscal. Ahora, también se nos niega el derecho a soñar con preparar un espacio para nuestro regreso, como lo hicieron tantos emigrantes retornados a lo largo de nuestra historia. Este nuevo impuesto castiga al pequeño propietario, al emigrante que quiere invertir en su país con la esperanza de volver.

Esto no hace más que subrayar, una vez más, la urgente necesidad de una circunscripción exterior real, que permita a los casi tres millones de españoles residentes en el extranjero tener voz y voto efectivo en el Congreso. Porque lo que no se ve, no se defiende. Y si no estamos representados, seguiremos siendo tratados como lo que no somos: extranjeros.

Somos españoles, vivamos donde vivamos. Lo mínimo que exigimos es que el Estado lo recuerde antes de llamarnos "extranjeros" en el BOE o en una rueda de prensa. Porque eso, duele.