Roberto González
El delito cambia de calle
A Josep Borrell no le van a perdonar que haya desmantelado el núcleo del argumentario gubernamental con el que Pedro Sánchez y sus ministros defienden la llamada “ley de nietos”. Ha dicho que nacionalidad y derecho al voto no necesariamente van unidos. Así sucede en Alemania, en Francia o en Italia, países con normas precisas para regular la cuestión del voto exterior. En Alemania, por poner un ejemplo, exigen un tiempo de residencia previa al momento de emitir el voto. Ya digo, a Borrell no se lo van a perdonar porque les ha desarmado el artefacto dialéctico que a los Bolaños, Puente, López y sus abundantes terminales mediáticas les facilitaba llamar xenófobos y fascistas a quienes desde la oposición señalaban la mencionada ley como ingeniería electoral encaminada a alterar el horizonte electoral.
¿Son razones éticas, altruistas, las que han movido a Pedro Sánchez a impulsar la llamada “ley de nietos”? No lo parece
Por eso les ha puesto de los nervios la decisión del Tribunal Supremo suspendiendo de manera cautelar el voto de los inscritos en Censo de Electoral de Residentes Ausentes que consiguieron la nacionalidad acogiéndose a la llamada “ley de nietos”. Queda suspendido hasta demostrar la condición de familiares de los exiliados. No resulta ocioso recordar que la avalancha de inscripciones se debe a una sibilina instrucción ministerial que cambiaba el marco de la ley. Así que trascendió el escándalo de que se contaban por miles quienes en virtud de la “ley de nietos” habían adquirido la nacionalidad sin necesidad de aportar prueba documental de su arraigo o vinculación con los lugares en los que solicitaban ser inscritos a efectos electorales toda la artillería mediática en línea -editoriales y tertulias asociadas- inició el ataque para tratar de instalar en la opinión pública dos mensajes: no se podía privar del derecho a votar a quien ya tenía reconocida la nacionalidad española y no había intención electoral oculta en dicho proceso.
Así las cosas, y para desentrañar el busilis de la cuestión, parecería suficiente responder a una pregunta: ¿Son razones éticas, altruistas, las que han movido a Pedro Sánchez a impulsar la llamada “ley de nietos”? No lo parece. Sánchez se sabe perdido. A la vista del sombrío panorama que las encuestas avizoran al PSOE -los sondeos conceden mayoría abultada a una hipotética coalición de PP y Vox- lo que parece es que el interés que anida tras un proceso que amplía y desnaturaliza el censo no puede ser otro que la búsqueda de nuevos votantes potenciales. El voto de quienes por vivir fuera de España ignoran lo que han sido estos años de corrupción, escándalos y políticas erráticas.
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