El mal ya está hecho

El desfile de testigos llamados en el juicio que ha llevado al banquillo a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, está contribuyendo a sembrar más confusión que luz. Se ha podido comprobar que hay periodistas doblados de activistas y declaraciones de testigos del entorno del fiscal general que no han disimulado que pasado mañana, cuando concluya la vista oral y el tribunal dicte sentencia, quizá sigan teniendo de jefe a quien hoy está siendo juzgado.

Todo en este juicio transmite tensión e incertidumbre. Acusaciones y defensas saben que lo que está en juego va más allá de lo aparente porque por encima del resultado y sea cual fuere el desenlace- absolución o condena-, quien inevitablemente saldrá tocada será la propia Fiscalía General del Estado. Por decirlo en pocas palabras: el mal ya está hecho. A reserva del sentido de la sentencia la institución sale tocada porque el comportamiento de su principal funcionario, el fiscal general, con su intervención en alguno de los meandros del proceso que acabó con la publicación de la famosa nota que revelaba las prisas para “evitar que ganaran el relato”- se entiende que los adversarios políticos del Gobierno- describe una actividad que devolvió a la memoria aquélla temprana manifestación de autócrata cuando a la pregunta de un acoquinado periodista de la radio pública acerca de quién dependía la Fiscalía Pedro Sánchez dijo que dependía del Gobierno.

Todo en este juicio transmite tensión e incertidumbre. Acusaciones y defensas saben que lo que está en juego va más allá de lo aparente porque por encima del resultado y sea cual fuere el desenlace- absolución o condena

Ese es el antecedente que arroja luz sobre este caso y conduce a preguntar qué pintaba todo un fiscal general del Estado metido a redactar una nota de prensa relacionada con una maniobra presumiblemente instigada desde las alturas para intentar perjudicar a Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid dando a conocer un presunto fraude en las declaraciones a Hacienda de su novio, un ciudadano particular llamado Alberto González Amador. El caso estalló en aquellos días en los que era noticia destacada el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Ya entonces se dijo que el charco en el que habían metido a la Fiscalía lo que perseguía era un empate. Empate en los medios. Empatar “el relato”. Sea cual sea la sentencia, el mal ya está hecho.