¿Mejor sin presupuestos?

España no puede seguir sin presupuestos”, titulaba un editorial de ABC el pasado 15 de mayo… pero Sánchez sí, apostillo.

Aunque la Constitución española, en su artículo 134, establece que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, su incumplimiento no establece ninguna sanción. Y, si bien Felipe González declara que convocó elecciones al no serle aprobados los presupuestos, el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, crea un grupo de trabajo para declarar constitucional que Sánchez gobierne sin nuevos presupuestos (Libertad Digital, 12 junio).

Por otra parte, el artículo 52 de la Ley General Presupuestaria dice que no podrán realizarse traspasos de dotaciones entre créditos de distintas secciones presupuestarias, salvo que las Cortes aprueben crédito extraordinario o suplemento de crédito. Sí podrá haber modificaciones en los créditos aprobados, sin aumentar gasto. Además, una cláusula presupuestaria de 2021 -el artículo 9º, pensado para los presupuestos de 2022 y traspasado a las cuentas de 2023-, habilita al Ministerio de Hacienda para realizar transferencias ante necesidades ineludibles.

Sin embargo, el argumento utilizado por el Gobierno cuando fue aprobada por unanimidad la Ley ELA, en octubre de 2024, es que no puede iniciar su aplicación para ayudas a los enfermos al no tener aprobados los presupuestos de 2025. ¿Cual ha sido la evolución del techo de gastos no financieros y de los presupuestos con Sánchez en el Gobierno? Los primeros han pasado de 119.000 millones en 2018 a 216.000 en 2026, y los presupuestos han sido prorrogados desde el año 2023 y han contado con la inestimable ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por la UE en 2021, para el periodo 2021-2027, y que asciende a 69.500 millones de subvenciones y otros 60.000 millones en créditos.

Y, aplicando aquella cláusula ¡del 2021!, destacan: a) las transferencias de crédito para cumplir los objetivos e hitos del Plan de Recuperación, b) las del Ministerio de Defensa incrementando considerablemente su presupuesto y c) la rectificación, al aprobar por decreto ley un crédito de 500 millones de euros para ayudas a los enfermos de ELA.

El resumen de la evolución de los gastos del Ministerio de Defensa desde el año 2023, últimos presupuestos del Estado aprobados es:

Año 2023: 12.827 millones de euros; 2024: 22.832 millones; 2025: 33.123 millones; 2026: 9.500 millones (transferencias primer semestre); 2026, 3 julio: 3.400 millones (transferencia); 2026, 8 julio: 6.287 millones (transferencia para sueldos y programas de armamento).

El no a la guerra, tan repetido por Sánchez, contrasta con estas últimas transferencias a Defensa que han motivado el cambio de actitud de Trump hacia España: de crítico en la reciente reunión de la OTAN en Estambul a, regresando a Estados Unidos: “Hoy se ha redimido por completo”.

El Gobierno también ha aprobado la mayor inyección para la dependencia: 2.208 millones, y aunque Sánchez declara que tramitará los presupuestos de 2027, el Congreso ha rechazado por segunda vez la senda de déficit, requisito previo para continuar su tramitación. Nuestra opinión es que preferirá hacer “mangas y capirotes”. ¿Para qué tramitar nuevos presupuestos?