Moncloa, el CNI y la seguridad nacional

El viernes se recordaron en todo el mundo los atentados del 11S. Han transcurrido ya 25 años de unos acontecimientos que cambiaron el mundo: promovieron el auge del terrorismo yihadista que provocó guerras civiles y una injusta ola de rechazo hacia el mundo musulmán, sin hacer distinciones entre los ciudadanos pacíficos y los radicalizados dispuestos a morir matando; promovieron también movimientos que impulsaron una xenofobia y un racismo desordenados y crecientes, que dieron auge a siglas de extrema derecha que hoy ponen en riesgo a los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda. Entre los cambios que llegaron al hilo de los atentados del 11S, hubo un capítulo trascendental: la seguridad del Estado, de los Estados.

No solo se agudizaron las medidas de control en los centros emblemáticos, públicos y privados, así como en el transporte, fundamentalmente aéreo y ferroviario, sino que los servicios de información e inteligencia de todos los países abrieron una etapa de colaboración intensa como no se había vivido hasta entonces. Superaba con mucho a los tiempos de la llamada Guerra Fría, que tenía a Estados Unidos y la URSS como principales protagonistas.

Tras el 11S, el terrorismo yihadista fue el enemigo a abatir. Y España, con el CESID -luego CNI- a la cabeza, junto a los servicios de información policiales, Guardia Civil y militares, se convirtió en un país relevante en los obligados contactos entre los más importantes servicios de inteligencia del mundo, dada su experiencia de décadas de lucha contra el grupo terrorista más activo y de larga duración en la Europa de entonces: ETA.

El CNI mantenía contacto fluido con lo que los profesionales de inteligencia llaman los “Five Eyes” (los cinco ojos, los organismos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, por la estrecha relación de estos últimos con el MI5 y MI6 británicos) y también con los de Israel. Y esa fluidez se amplió a otros países, sobre todo los europeos.

Pero desde hace un tiempo la confianza empezó a resquebrajarse. El inicio de la pérdida gradual de confianza se produjo cuando el Gobierno de Sánchez permitió que los portavoces de los grupos de extrema izquierda tuvieran acceso a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Sin embargo, la buena relación entre los directores de los distintos servicios permitió que la confianza no se rompiera del todo, entre otras razones porque todos se necesitan entre sí, lo que se vivió especialmente en la lucha antiterrorista.

La información más importante es la que se conoce a través del trato personal. Son habituales los encuentros de trabajo entre directivos de diferentes servicios de información, así como reuniones conjuntas para analizar la actualidad internacional o reuniones bilaterales para debatir asuntos que interesan a países en concreto.

Ni un solo miembro del Gobierno, excepto Robles, se ha preocupado por defender la españolidad de las dos ciudades

Muchos de esos encuentros no se celebran en las sedes, sino que todos los servicios cuentan con lo que coloquialmente se llaman “pisos francos”, apartamentos o despachos. Hay varios en distintos barrios de Madrid, perfectamente acondicionados para encuentros que obligan a medidas extremas de confidencialidad y, por tanto, al uso de inhibidores y de rastreos periódicos. Tienen una apariencia similar a la de cualquier apartamento, equipados incluso para pernoctar. En esas reuniones no se admiten móviles y la identidad de los asistentes está perfectamente preservada.

Condenados a entenderse

Quienes conocen los servicios de inteligencia alertan de las graves consecuencias que pueda tener para el CNI lo que se vive estos días con la crisis de Ceuta: discrepancias públicas entre el CNI y la Moncloa, entre los ministros Robles y Marlaska, y las acusaciones que se cruzan la Moncloa y el PP por discrepancias sobre la relación que se debe mantener con Marruecos.

Un país con el que los distintos gobiernos han tenido sus momentos tensos, pero ambos están obligados a entenderse. El PP, como ocurre con otros partidos, incluidos los que son socios del Gobierno, no está de acuerdo con la rectificación de Sánchez respecto al Sáhara ni con el apoyo sistemático a medidas económicas y políticas del Gobierno marroquí que perjudican a diferentes sectores profesionales españoles, a Ceuta y a Melilla.

Este mes de agosto, al menos dos ministros marroquíes han calificado las dos ciudades españolas como “ocupadas”, y uno de ellos lo ha hecho delante de Mohamed VI, que calló. Ni un solo miembro del Gobierno español, excepto Robles, se ha preocupado por defender la españolidad de las dos ciudades. Es más, todos han elogiado, incluido el presidente, la colaboración de Marruecos para paliar la invasión de más de 70 000 migrantes, la mayoría marroquíes, en los dos últimos días de julio.

Política de entendimiento

El CNI mantiene buenas relaciones con los servicios marroquíes, la DGED. Marruecos cuenta con centenares de informadores trabajando en España y España cuenta también con centenares en Marruecos por la peculiaridad de las relaciones entre los dos países, vigilándose mutuamente. Uno y otro tienen acreditados oficialmente a docenas de agentes en el otro país.

Pero además de esos adscritos, cada uno cuenta con varios centenares de agentes y colaboradores. Se puede decir sin temor a equivocarse que la DGED sabe todo lo que ocurre en España, y el CNI, en Marruecos.

En julio, el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta recibió información por parte de un agente del CNI sobre el asalto masivo de inmigrantes que estaba a punto de producirse. Es probable que esa información llegara al agente español a través de algún compañero que trabajaba sobre el terreno o a través de alguien con buenas fuentes en Marruecos, aunque no trabajara para su Gobierno. Como ocurre con los marroquíes que trabajan en España y tienen una excelente red de informadores en nuestro país. Aquí solo conocemos parte de lo que ocurre en la trastienda marroquí de la invasión de Ceuta, pero en Rabat o Casablanca tienen información relevante sobre la trastienda del Gobierno español.