Xoán Antón Pérez-Lema
Ceuta e Melilla ou os dereitos humanos fronte á asfixia xeopolítica
VÍA DE SERVICIO
El asesinato de tres personas, una mujer embarazada, su madre y un menor dieciséis años en Isla Cristina (Huelva), según la hipótesis que se maneja en las investigaciones policiales es que se trató de un ajuste cuentas entre dos clanes rivales que vienen manteniendo enfrentamientos desde hace varios años y que ya se han cobrado otras víctimas. Aunque ambas familias tienen vinculación con el tráfico de drogas, en esta ocasión las muertes tendrían su origen en una ruptura sentimental.
La proliferación de este tipo de sucesos en los que se utilizan métodos propios de narcotráfico -ametrallamiento desde una motocicleta- demuestran como el tráfico de drogas adquiere una presencia cada vez mayor en determinados lugares y necesita de actuaciones contundentes. Los resultados de las intervenciones policiales en su persecución indican que, a pesar de las reclamaciones de mayor número de efectivos y medios, se dan resultados positivos y que es mediante esta vía como se puede atajar una parte del problema. Como es habitual, las cifras oficiales y la justificación de su eficacia colisionan con la percepción ciudadana de inseguridad y con las demandas de los cuerpos policiales en donde se entremezclan las peticiones operativas y las laborales.
La reclamación de una estructura policial especializada contra el narcotráfico es una demanda de los cuerpos policiales
La reclamación de una estructura policial especializada contra el narcotráfico es una demanda de los cuerpos policiales, que añoran la parte positiva del Órgano de Cooperación Policial para el Sur, OCON-Sur, pero olvidan que en su última etapa, antes de su desarticulación por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se había constituido también en una fuente de problemas internos y que sus métodos de investigación eran rechazados en las instrucciones judiciales. Un nuevo mecanismo de cooperación policial puede ser necesario, pero limpio de las adherencias que le restaban eficacia.
Los narcotraficantes del sur de España han aprendido de las bandas de otros países y a su actividad delictiva se suma otro problema, el del tráfico de armas que ha hecho proliferar la utilización de armas de guerra en los enfrentamientos entre clanes para proteger sus alijos y con las fuerzas policiales para evitar aprehensiones de una forma cada vez más violenta. Afortunadamente en ese proceso de proliferación del tráfico de drogas no se ha llegado al punto en el que se hayan infiltrado en el tejido político e institucional como ha ocurrido en otros países, donde se ha convertido en un Estado dentro del Estado, y su combate se ha militarizado. Para evitarlo es preciso que se intensifique la lucha contra el lavado de dinero en el que participan estructuras empresariales y legales. Como el narcotráfico prolifera en zonas deprimidas y nutre sus filas de personas con escasas posibilidades laborales, la pata del desarrollo socioeconómico de muchas comarcas es imprescindible, pero no hay que engañarse con respecto a la eficacia de unas medidas y otras, y la represión del delito y pedir más recursos para combatirlo resulta más rápido que aplicar políticas que alejen a la gente del riesgo de acabar en prisión más tarde o más temprano.
Aunque en el caso del triple asesinato de Isla Cristina, el narcotráfico tiene una dimensión tangencial, la utilización de un arma larga y el método utilizado para la matanza, pone de relieve como la violencia extrema se ha hecho presente en la localidad y como además de en el tráfico de drogas la labor policial se debe dedicar también a vigilar las consecuencias de otros atavismos.
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