No es una opción, es un mandato constitucional

Creo que es necesario insistir las veces que haga falta: El Gobierno de España tiene la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes de finalizar cada año natural. No es una opción política que dependa de las circunstancias sociales o económicas, de los pactos o de las perspectivas de sacarlos adelante con el apoyo de otros grupos. Todo eso es posterior a la presentación. Si no se los aprueban las Cortes, pueden quedar prorrogados los del año anterior hasta que presente un nuevo proyecto en los primeros meses del año siguiente para lograr su aceptación y puesta en funcionamiento.

No cumplir con este mandato es situarse al margen de la legalidad. Estamos ante un Gobierno declarado en rebeldía constitucional., puesto que: “Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado”.

Sin cumplir este mandato, el Consejo de Ministros toma decisiones sobre el destino del dinero público sin un respaldo legal, dependiendo sólo de su propia decisión arbitraria. Y esto tiene una tipificación penal.

Esta es la actitud del jefe de Gobierno: “Ahora estamos en lo importante y en lo urgente, que es elaborar ayuda para paliar los efectos de la guerra. Luego ya hablaremos de presupuestos”

Sin embargo, para el presidente Sánchez saltarse la legalidad es una anécdota. Que no los molesten con la exigencia de presupuestos del Estado cuando están ahora ocupados con las medidas para paliar el incremento de costes por la guerra de Irán. Esta es la actitud del jefe de Gobierno: “Ahora estamos en lo importante y en lo urgente, que es elaborar ayuda para paliar los efectos de la guerra. Luego ya hablaremos de presupuestos”. María Jesús Montero, ministra responsable de los presupuestos, secunda la disculpa de su presidente argumentando que la urgencia del decreto ley para paliar los efectos provocados por la guerra de Irán «retrasará unas semanas» la presentación de los Presupuestos”. No está retrasada unas semanas la presentación, está retrasada varios años.

Si no hay un presupuesto del Estado de acuerdo con el mandato constitucional, de cada año, no hay legitimidad para administrar las ayudas. Carecen de soporte legal todas esas decisiones. No sirve el argumento de Pedro Sánchez de que la vida va por delante de los planes y de los trámites. No nos vamos a poner así por unos simples trámites, por unos pocos papeles. Tampoco hay que ponerse trágico porque el Congreso quede de margen de la decisión más importante de un Estado que son el destino del dinero público. Según sus ideas, cuando algo es urgente no hay que respetar la legalidad. Eso lo podía hacer Franco o Maduro o los Castro, pero no puede hacerlo un Gobierno democrático y constitucional. ¡Cuántos alcaldes y cargos públicos tuvieron que enfrentare con la justicia por saltarse simples trámites o insignificantes plazos!

Es cierto que este Ejecutivo cuenta con el apoyo de socios anti constitucionalistas que nunca le van a exigir que cumpla la Constitución. Al contrario, ellos se sienten satisfechos cuando ven que el Gobierno no la cumple y que no la respeta en aspectos tan importantes. Esa es su aspiración máxima: ni bandera, ni monarquía, ni distribución territorial autonómica, ni presupuestos únicos, ni cajas únicas, ni sanidad única… Además, cuenta con un presidente, ya caducado, del Tribunal Constitucional que no va a emprender ni respaldar ninguna acción contra el sanchismo por posibles, supuestos o claros delitos contra la Constitución.

No es una opción, es un mandato muy claro, muy preciso, muy imperativo: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.” Por mucho que diga Sánchez, por mucho que disculpen María Jesús Montero o Félix Bolaños.

Rotos y descosidos | La izquierda del gobierno

“Si la izquierda no está en el Gobierno no va a tener quien la defienda en los espacios de poder”. Son palabras del ministro Pablo Bustinduy, de trayectoria universitaria brillante, de familia con nivel, encuadrado en Sumar, pero proveniente de Podemos. Me han llamado la atención estás afirmaciones, porque si ellos son la izquierda del Gobierno, el PSOE será la derecha, por pura lógica.

Son declaraciones que se producen en el marco de la desesperación de esta izquierda extrema por los resultados electorales autonómicos en los que desaparecen sus huellas, sus vestigios y sus ideas. Se sienten fagotizados por los socialistas. Comprueban que su apoyo y sumisión al Gobierno, del que forman parte, les hace cómplices de sus políticas y la sociedad les niega su apoyo. Eso es muy perjudicial para las organizaciones de las que forman parte, pero más perjudicial sería para ellos dejar las sillas en el Consejo de Ministros. Por eso tienen que buscar disculpas. Ellos deben permanecer porque son los garantes de las políticas de izquierdas dentro de un Gobierno socialistas de derechas, según su apreciación.

Quizás es una manera de desahogarse por los desplantes, la desconsideración, los desaires, la descortesía, el desprecio, la desatención y la impertinencia a la que son sometidos constantemente por los ministros socialistas, o por el mismo Pedro Sánchez que los tiene en el Gobierno, pero sin contar con ellos para las decisiones importantes, por mucho que protesten o por mucho que lleven años amenazando con tomar medidas contundentes contra la parte socialista. Para compensar los desaires, les permiten viajar por cuenta del Estado, como Yolanda Díaz en sus giras por el mundo.