Ocupaciones y delitos conexos

El incendio ocurrido la semana pasada en la conocida Casa dos Baños de Ourense ha vuelto a poner el foco sobre una problemática que desde hace años forma parte del paisaje urbano de la ciudad. El inmueble sufrió un primer incendio durante la noche del pasado martes y, tras ello, el Concello procedió a tapiar el acceso al edificio. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, en la madrugada del jueves al viernes, se registró un nuevo fuego en el interior.

Más allá de las causas concretas que determinen las investigaciones, lo sucedido evidencia nuevamente las consecuencias que genera la ocupación continuada de edificios abandonados y la ausencia de recursos adecuados para personas completamente desarraigadas, muchas de ellas con problemas graves de adicción o salud mental. Porque aunque determinados discursos intenten simplificar esta cuestión, la realidad es bastante más compleja y mucho menos ideológica de lo que algunos pretenden.

Conviene además diferenciar conceptos. En Ourense, la mayor parte de los casos no responden a allanamientos de morada, que afectan a viviendas habitadas y cuentan con una respuesta policial y judicial más inmediata, sino a usurpaciones de inmuebles abandonados o desocupados. Ahora bien, que se trate de edificios vacíos no significa que sus consecuencias sean menores. De hecho, en muchos casos alrededor de estas ocupaciones terminan apareciendo numerosos delitos conexos y problemas de convivencia que afectan directamente a vecinos y barrios enteros.

Los ejemplos son conocidos: enganches ilegales a la red eléctrica, con el consiguiente riesgo de incendios y electrocuciones; daños estructurales en edificios ya deteriorados; acumulación de basura y focos de insalubridad; peleas; tráfico y consumo de drogas; amenazas; lesiones; ruidos constantes, y alteraciones de la convivencia. A ello se suma la sensación de inseguridad que perciben muchos vecinos cuando determinadas zonas terminan degradándose progresivamente ante la inacción institucional.

Eso no significa ignorar que detrás de muchas de estas situaciones existen personas en una exclusión extrema. Hay quienes viven en la calle porque padecen adicciones severas, trastornos mentales cronificados o una ruptura total de sus vínculos familiares y sociales. Y precisamente por eso resulta evidente que el problema no puede afrontarse únicamente desde una perspectiva policial o sancionadora. La experiencia demuestra que limitarse a tapiar edificios o desplazar el problema de una calle a otra únicamente sirve para prolongarlo en el tiempo.

En este escenario conviene además reconocer el trabajo constante que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, que dedican una enorme cantidad de recursos humanos y operativos a intervenir una y otra vez sobre las mismas situaciones. Identificaciones, detenciones, actuaciones por daños, incendios, amenazas, robos, tráfico de drogas o alteraciones graves de la convivencia terminan consumiendo innumerables horas de trabajo policial y judicial. Sin embargo, en muchos de estos casos el origen del problema no es exclusivamente policial, sino profundamente social y sanitario. La consecuencia es una reincidencia prácticamente constante protagonizada por personas que acumulan numerosos antecedentes y que únicamente acaban ingresando en prisión tras largos recorridos de delitos, conflictos y perjuicios ocasionados a vecinos, establecimientos y bienes públicos o privados.

A todo ello se suma además la existencia de un importante conjunto de inmuebles abandonados y en estado ruinoso cuya propiedad, en muchos casos, se desentiende completamente de su conservación y mantenimiento, permitiendo que los accesos permanezcan abiertos o en condiciones deficientes que facilitan nuevas ocupaciones, actos vandálicos o situaciones de grave riesgo para la seguridad de las personas. Porque detrás de muchos de estos edificios existe también una evidente falta de responsabilidad sobre unas propiedades que terminan convirtiéndose en focos permanentes de degradación, inseguridad e insalubridad para el entorno.

Ourense necesita asumir de una vez la necesidad de crear un albergue de baja demanda. Un recurso pensado precisamente para aquellas personas que no acceden a los dispositivos convencionales porque no cumplen determinadas condiciones o porque su situación personal les impide mantener unos mínimos de estabilidad. Mientras no existan alternativas reales, muchas de estas personas seguirán refugiándose en inmuebles abandonados, soportales o espacios inseguros donde las posibilidades de que ocurran tragedias continúan aumentando.

Un recurso de estas características permitiría ofrecer algo tan básico como un lugar digno donde dormir, asearse y recibir atención básica sanitaria y social. Evidentemente, debería estar acompañado de medidas de seguridad propias, personal especializado y protocolos claros de convivencia. No se trata de generar espacios sin control, sino precisamente de evitar el caos actual, donde la exclusión se mezcla con situaciones de delincuencia, deterioro urbano y riesgo permanente.

Junto a ello, también sería razonable que Ourense avanzase hacia una ordenanza municipal que impida consolidar asentamientos permanentes en la vía pública. Pero cualquier medida de este tipo únicamente tendría legitimidad si antes se dota a la ciudad de alternativas reales y humanamente dignas. No se puede prohibir dormir en la calle a quien no tiene literalmente ningún lugar al que acudir.

La ciudad lleva demasiado tiempo reaccionando únicamente cuando se produce un incendio, una riña, una agresión o una denuncia vecinal especialmente grave. Mientras tanto, el problema continúa creciendo de forma silenciosa entre edificios abandonados, personas completamente excluidas y barrios que observan cómo determinadas situaciones se cronifican sin una estrategia clara. Afrontar esta realidad exige medidas concretas que permitan recuperar espacios degradados y ofrecer una salida digna a quienes hoy sobreviven completamente al margen. Por desgracia, cada día son más.