Pacto de Estado climático

Desde 2022 el presidente del Gobierno está proponiendo un pacto de Estado contra al cambio climático o frente a la emergencia climática. Un pacto de Estado que aplique políticas duraderas a lo largo de los tiempos, con independencia de quien gobierne. En el verano de 2025 volvió a insistir. Pero fue en diciembre pasado cuando lo presentó en público con toda solemnidad. Medidas y más medidas que pretendían atajar todas las posibles consecuencias negativas de la emergencia climática.

En la última semana, el Pedro Sánchez visitó los puestos de mando avanzados de los varios incendios de España -no a los ciudadanos afectados- y en todos predicó la misma solución: El pacto de Estado frente a la emergencia climática que ha preparado el Gobierno y que debe ser aceptado por todos. Quien no lo acepta es un negacionista del cambio y ser negacionista mata. Quizás, Sánchez no es capaz de entender la diferencia entre negar el cambio climático y negarse a aceptar el documento que él ha puesto sobre la mesa.

Tampoco parece querer entender el presidente del Gobierno que un pacto de Estado no es un acuerdo transversal con las instituciones gubernamentales, los sindicatos, las entidades financieras, las ONGs o los centros e investigación del país. Un pacto de Estado es un acuerdo entre las fuerzas políticas que estén en disposición de gobernar alternativamente. De forma que las medidas que se tomen mientras gobierna la izquierda se puedan mantener cuando tome el mando la derecha, y viceversa. Son materias que no deben entrar en la contienda política, ni en campaña electoral. Habrían sido acordadas por los dos, en este caso PP y PSOE, con el compromiso de mantenerlas y llevarlas a cabo, sin eliminarlas ni darlas por amortizadas.

Pues todo lo contrario a esto es lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez. Han llevado a cabo reuniones y encuentros con ellos mismos, con amigos, con instituciones que no tienen responsabilidad de gobierno.

De todo lo dicho se ve claramente que un pacto de Estado tiene que elaborarse entre las dos fuerzas mayoritarias. Tiene que ser fruto de negociaciones, de estudios conjuntos y propuestas que puedan ser aprobados por las dos partes antes de que se plasmen en un documento.

Pues todo lo contrario a esto es lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez. Han llevado a cabo reuniones y encuentros con ellos mismos, con amigos, con instituciones que no tienen responsabilidad de gobierno. Han sacado un documento y lo han presentado públicamente en un acto entre ellos, Gobierno y amigos. No han tenido ninguna reunión previa con la oposición, el Partido Popular, que son el grupo mayoritario en las Cortes Españolas. No les han llamado para consensuar medidas, acciones y objetivos que pudieran asumirse conjuntamente para transformarse en permanentes. No han tenido ninguna iniciativa de acercamiento para conversar sobre algo, nada.

El Gobierno bipartido y minoritario ha elaborado unilateralmente un pacto de Estado -lo cual es una contrasentido- y pretende que se adhiera el Partido Popular incondicionalmente, graciosamente, bajo pena de ser acusado de negacionista si se resiste, si no acepta, si no acata la imposición sanchista.

Solo se puede concluir que el pretendido pacto de Estado frente a la emergencia climática es un acto propagandístico de un Gobierno decrépito, en agonía constante, que ha encontrado su clavo ardiendo en de los incendios que destruyen nuestros bosques.

Rotos y descosidos | El Marruecos de Sánchez

La invasión sin armas de unos 50.000 jóvenes marroquíes a la provincia española de Ceuta ha puesto sobre la mesa una de las asignaturas pendientes del actual Gobierno: dar cuenta en el Parlamento de la política exterior de Sánchez con Marruecos. Exponer claramente cuáles son las razones de la sumisión del presidente al rey alauita; cuales son los objetivos de España con al país vecino; cuáles son las deudas o hipotecas que tiene el presidente con aquel país. Entre otras.

Hay una cosa clara, que la invasión de este jueves pudo ser impedida por la policía marroquí y no lo hicieron. Sólo actuaron cuando ya estaban consumada la entrada ilegal. Fue una muestra evidente de que había sido alentada por las autoridades marroquíes, como cada vez que España hace algo que no le gusta al rey Mohamed VI.

Es una iniciativa de Sumar que el PSOE ha tratado de retrasar y pulir todo lo posible para no molestar a Marruecos, pero sin éxito.

El detonante ha sido, casi con seguridad, la ley de nacionalidad de los saharauis que acaba de quedar aprobada en Comisión del Congreso. Una ley que intenta remediar al abandono de ese pueblo por parte de Sánchez en la capitulación ante Marruecos, en 2024. Ahora Mohamed considera que España se inmiscuye en una cuestión interna al ofrecer la nacionalidad española a personas que él considera sus súbditos. Es una iniciativa de Sumar que el PSOE ha tratado de retrasar y pulir todo lo posible para no molestar a Marruecos, pero sin éxito. Y aunque falta mucho para que la norma pueda surtir efectos en los saharauis, ya ha enfadado mucho al Gobierno marroquí. Y es que no se puede tratar de engañar a todos siempre, como pretende este Gobierno en cada acción que promueve.