¿Quién paga?

Durante mis once años como responsable del sindicato mayoritario de la Policía Nacional en Galicia defendimos numerosas causas que obligaron una y otra vez a acudir a los tribunales para reclamar derechos que ya habían sido reconocidos o que estaban avalados por resoluciones judiciales. No se trataba de peticiones arbitrarias ni de interpretaciones caprichosas, sino de reclamaciones respaldadas por mandatos judiciales e incluso por doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo.

Nuestra petición era clara. En primer lugar, que se restituyeran los derechos de los policías, porque el policía es el primero a quien debe defender el sindicato. Pero cuando, pese a existir mandatos judiciales y una doctrina consolidada, se percibía que el responsable encargado de dictar una resolución favorable obstaculizaba constantemente ese reconocimiento o retrasaba su aplicación, entonces también pedíamos algo más: que respondiera individualmente por su actuación.

Si un responsable público desatiende en la vía administrativa peticiones avaladas por mandatos judiciales, e incluso por doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo, obligando a cientos de policías a acudir a los juzgados para reclamar derechos ya reconocidos, debería responder personalmente por las costas del procedimiento.

Entre esas causas estaban cuestiones que hoy parecen evidentes pero que en su momento obligaron a largos procesos judiciales: el cobro del complemento de turnicidad durante el mes de vacaciones, la indemnización por vestir de paisano por imperativo del servicio o la compensación por el desempeño de puestos de superior categoría, entre otras. Derechos reconocidos finalmente por los tribunales, pero cuya aplicación muchas veces se sigue demorando durante meses o incluso años, obligando a los policías a acudir a los juzgados para reclamar lo que les correspondía.

Y ahí surge la pregunta de fondo. Cuando una Administración pierde en los tribunales tras años de litigio por no haber aplicado correctamente la ley o por no haber ejecutado una sentencia, ¿quién paga? La respuesta, casi siempre, es la misma: paga el ciudadano.

No hace falta irse muy lejos para comprobarlo. Basta con observar algunos de los episodios vividos en Ourense en los últimos años.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de la plaza de San Antonio. La nulidad de las licencias del subsuelo, confirmada judicialmente, terminó abriendo la puerta a indemnizaciones millonarias. El TSXG condenó al Concello a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con cinco millones de euros por la compra de unos locales que nunca pudo utilizar, además de otros gastos asociados, y el conflicto siguió agravándose con el cierre del parking y nuevas posibles consecuencias económicas.

También en la gestión de los servicios públicos aparecen facturas que acaban pagando los vecinos. En octubre de 2024, una sentencia obligó al Concello de Ourense a pagar más de 800.000 euros a la concesionaria de la basura por sobrecostes vinculados al contrato.

A ello se suma la amenaza sobre los fondos europeos. A finales de enero de 2026, el Concello tuvo que levantar reparos y aprobar pagos de urgencia que comprometían cerca de un millón de euros para no perder financiación europea vinculada a varias actuaciones. Cuando una Administración llega al último minuto para no perder subvenciones ya concedidas, lo que refleja no es mala suerte, sino mala gestión.

Y están también las indemnizaciones derivadas del mal estado de la vía pública. En 2024 se informó de reclamaciones por casi 350.000 euros contra el Concello por caídas en aceras, calzadas y parques, un ejemplo más de cómo la dejadez o la falta de mantenimiento también termina teniendo un coste económico para todos.

Todos estos casos tienen algo en común: al final, quien paga no es quien tomó la decisión equivocada, quien dejó pasar el tiempo, quien no ejecutó una sentencia o quien gestionó mal un expediente. Paga el ciudadano.

Paga el vecino que ve cómo el presupuesto se destina a indemnizaciones, sobrecostes, pleitos o subvenciones que peligran por dejadez. Paga el contribuyente que cumple cada mes con sus obligaciones mientras contempla cómo los errores de la Administración se socializan y sus consecuencias económicas se reparten entre todos.

En la empresa privada, una mala decisión grave puede acarrear ceses, responsabilidades e incluso reclamaciones personales. En la Administración pública, sin embargo, el sistema tiende a diluirlo todo. Se difuminan los nombres, se diluyen las culpas y desaparece la responsabilidad individual. Pero la factura sigue existiendo. Y alguien la paga.

Por eso convendría abrir de una vez un debate serio sobre la responsabilidad personal de quienes, por acción u omisión, provocan de forma consciente y deliberada un perjuicio económico evidente a las arcas públicas. No para criminalizar la gestión pública, sino para dignificarla.

Porque mientras no exista un mecanismo real para que quien se equivoca gravemente responda de sus actos, la pregunta seguirá siendo la misma.

¿Quién paga? La respuesta, por desgracia, ya la conocemos. Pagamos todos.