Partidos políticos: financiación

En el arranque de la Transición española, los partidos políticos tuvieron la ayuda de los partidos alemanes y de sus fundaciones: UCD, la Fundación Konrad Adenauer, el PSOE, la Friedrich Ebert, y la Unión Democrática Española de Federico Silva, la Hans Siedel, que en 1977 ya lo hace a AP.

La financiación de los partidos políticos ha sido preocupación constante de los gobiernos de España, como lo acreditan las varias leyes aprobadas para ello.

La primera referencia es el Real Dcreto-Ley 20/1977 de 20 de marzo que establece las normas para los gastos de las primeras elecciones generales, abonando un millón de pesetas por cada escaño, 45 pesetas por voto obtenido para el Congreso y 15 por voto para el Senado, quedando prohibidas las aportaciones de las distintas administraciones, empresas públicas y entidades o personas extranjeras.

La Ley 54/1978 de 8 de diciembre de partidos políticos: cada partido percibirá una cantidad por escaño y suprime las prohibiciones anteriores. Le sigue la Ley 12/1979, que aprueba un crédito de 1.651 millones de pesetas para, en cumplimiento de la anterior, subvencionar a los partidos políticos.

Una Ley Orgánica 5/1985, prohíbe en su artículo 128 la aportación extranjera, permitida hasta aquí.

Inicio mi experiencia en financiación al ser elegido presidente de AP de Ourense en junio de 1984. Mis objetivos eran solucionar la deuda del partido, aumentar el número de afiliados y lograr que un primer alcalde de CG se pasara a Alianza Popular. La anulación de la deuda la logré con la importante aportación de tres empresas; la felicitación de Jorge Verstrynge, entonces secretario general de AP, ratificaba el éxito de afiliación, y el alcalde de Villamartín de Valdeorras se pasó a AP.

Para preparar las elecciones autonómicas gallegas de 1985 nos reúne Fraga en Madrid a los presidentes de AP de las provincias gallegas y le pide a Barreiro el presupuesto de gastos de las mismas agregando: “Explíquelo bien porque los receptores saben mucho de eso”.

Fraga tiene una nueva reunión, en este caso con la Xunta, en el hotel Peregrino de Santiago, y al pedirnos opinión sobre cómo organizar la captación de donativos, mi propuesta es que sea alguien cuya posición económica le permita ser honrado y sugiero el nombre de Antonio Ramilo, no aprobada, y sí la de que lo seamos los conselleiros.

Durante el largo periodo de gobierno de Felipe González no hay ninguna modificación de la financiación de los partidos, que el año 2000 asciende a 2.273 Millones de pesetas.

La Ley Orgánica 8/ 2007 aumenta hasta los 78 millones de euros la financiación por el Estado, admite donaciones hasta 100.000 Euros anuales de personas físicas o jurídicas y prohíbe las anónimas.

Y nuevas aprobaciones: Ley Orgánica 5/ 2012 y Ley Orgánica 3/ 2015 de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos. La primera reduce la financiación a los partidos un 20% y la segunda permite la donación de personas físicas hasta 50.000 Euros anuales, prohibiendo la de personas jurídicas, así como las condonaciones de deuda por los bancos.

Partidos “antiguos” como PNV, con ayuda desde la Fundación Sabino Arana, y UCD, que admitió financiación ilegal a cambio de acuerdos con la fiscalía, y “nuevos”, con financiación dudosa, como ciudadanos -¿Iberdrola y Banco Sabadell?-, Podemos -¿Irán y Venezuela?-, Vox -¿Orban y Banco Húngaro?-, Junto con los “tradicionales”, han recibido el año 2025 un total de 52,7 millones de euros como subvención del estado.

Esta financiación nos lleva a una próxima reflexión sobre la corrupción de los partidos políticos.