Peligra la neutralidad religiosa oficial

Los no creyentes y los creyentes de religiones minoritarias asisten con preocupación al resurgimiento de todo tipo de profesiones de fe, a veces ciertamente extravagantes, por parte de responsables públicos, no ya en su esfera privada, sino desde las cuentas institucionales y oficiales. Ministros, candidatos y altos cargos invocan a Dios, apelan a símbolos religiosos o los incorporan a su imagen oficial como si el Estado tuviera una confesión implícita. Lo que se consideraba impropio de una democracia liberal parece estar normalizándose. Pero la separación entre Iglesia y Estado no es un capricho ideológico ni una concesión revocable: es una de las conquistas irrenunciables del liberalismo clásico. Nació como respuesta a siglos de guerras de religión, persecuciones y conflictos civiles. Nació para desterrar el oscurantismo y privatizar el hecho religioso. La Ilustración y el constitucionalismo liberal entendieron necesario despojar al poder político de toda pretensión de verdad religiosa, fuera ésta cual fuera. El Estado debía ser neutral para que los individuos pudieran creer en diversas religiones o en ninguna, sin coacción. Como escribió John Locke, “el cuidado de las almas no puede pertenecer al magistrado civil”, una idea que resume con precisión la frontera liberal entre poder y conciencia.

Durante mucho tiempo, esa conquista pareció consolidada en Occidente. La distinción entre esfera privada y función pública se mantuvo con claridad. Pero nada en política es irreversible. Las instituciones liberales no se sostienen sólo por inercia jurídica: es necesaria la prevalencia de una cultura cívica que las respalde. Y esa cultura está siendo intencionadamente erosionada por los enemigos del modelo liberal. En este contexto, es extremadamente alarmante la deriva peligrosa de la nueva derecha radicalizada que, en nombre de la supuesta identidad popular, pretende reintroducir la religión forzosa. Lo que esta gente hace no es, ni mucho menos, una defensa de la libertad religiosa (que ya está garantizada de sobra en Occidente), sino un acto flagrante de instrumentalización de las creencias que considera mayoritarias y supuestamente exigibles al ciudadano común. La religión no es para estas facciones un ámbito de conciencia individual sino un marcador político obligatorio, un elemento de su feroz movilización populista y una herramienta de sobrelegitimación del poder por fuera de las urnas.

Los ejemplos se multiplican. Desde la imagen de Marco Rubio con una ostentosa cruz de ceniza en la frente, difundida hace un año con evidente intención política, hasta declaraciones de figuras como Pete Hegseth en esta Semana Santa, que presentan la fe como elemento vertebrador del orden político. En Estados Unidos, ciertos sectores evangélicos especialmente radicalizados han abrazado esta fusión entre religión y poder con auténtico fanatismo, convirtiendo la política en una extensión de su batalla cultural, que en realidad es una vulgar guerra de religión. En Europa, casi todos los partidos de la derecha populista apelan de forma recurrente a las “raíces cristianas” como justificación para excluir a parte de los migrantes y a gran parte de los autóctonos, y como argumento para decidir arbitrariamente quién pertenece y quién no a la comunidad política.

Este fenómeno, lejos de fortalecer la civilización occidental, la debilita salvajemente al minar uno de sus cimientos cruciales: la neutralidad de los poderes públicos en una materia tan privada, íntima e individual como es la espiritualidad. La grandeza del liberalismo fue, entre otras cosas, colocar la religión en el lugar que le corresponde: el de la libre conciencia personal. Cuando el Estado se apropia de símbolos religiosos, deja de ser árbitro neutral y se convierte en parte interesada, ofendiendo a los ciudadanos (y contribuyentes) de otra fe o de ninguna. Esto atenta frontalmente contra esas personas. “No taxation without representation” decía el famoso lema del motín de Boston, preludio de la independencia estadounidense: “sin representación, nada de impuestos”. ¿Cómo se permiten Rubio y Hegseth conculcar ese principio esencial de su país? Es un ilegítimo golpe de timón cultural. ¿Cómo pretenden en Europa hacer lo mismo los ultras? Debe impedirse por todos los medios. La sociedad no es un convento de nadie sino un espacio neutral donde caben todos. Este riesgo que hoy regresa no es abstracto: la mezcla entre poder político y verdad religiosa no conduce a la cohesión social sino a la fractura. La neutralidad institucional en materia religiosa es imprescindible. Cuando un talibán con corbata la erosiona nos hace retroceder varios siglos. El liberalismo entendió que el “demos” es necesariamente plural y que la polis no debe arrodillarse ante ningún altar. Occidente se deshizo de ese pesado lastre y nuestro modelo social, cultural, económico y político pudo despegar, y se convirtió en el estándar civilizatorio de la humanidad. No perdamos ese legado. Es suicida deshacer ahora de él, y los políticos que lo intenten deben ser repudiados en una democracia liberal saludable.