La pendiente Ley de la Corona y la inviolabilidad del Rey

La serie de ditirambos que estos días circulan sobre el inexistente “rey emérito”, es decir, sobre quien tiene a efectos protocolarios el tratamiento de “rey honorífico”, haciendo tabla rasa de su comportamiento y de los efectos de su impunidad (por un lado haber sido prevenido de que estaba incurso en delito fiscal y la cobertura que le brindó la inviolabilidad para sus fechorías, en otro caso anotadas en el Código Penal y las leyes tributarias, entre otras) vuelve a traer a primer plano el viejo asunto de la pendiente Ley de la Corona, que en su día dejaron sin abordar los entonces dirigentes de los dos grandes partidos dinásticos, el PP y PSOE, es decir, Rajoy y Zapatero. De suerte que fue el propio monarca Felipe VI quien, al tiempo que renunciaba ante notario, de manera simbólica (pero sin efectividad alguna, hasta que llegare el caso), para él y los suyos, a la herencia de su padre, albergada en uno de los paraísos fiscales donde guarnecía sus enredos con su amante de turno, en este caso la servicial Corinna, organizadora, por cierto, del viaje de novios de Felipe y Letizia que pagó a medias uno de los amigos de Juan Carlos.

Está pendiente de desarrollar un Estatuto de la Familia Real o Ley de la Corona

La cuestión es preguntarse si basta con el Código Ético de Felipe para suplir la demanda de la sociedad española de una adecuada actualización del funcionamiento ordinario de la Corona y que, de estar vigente, hubiera contenido los actos de Juan Carlos I y de otros miembros de la familia. El 24 de diciembre de 2013, el rey Juan Carlos I dirigió a los españoles el que sería su último mensaje de Navidad y, entre otras cosas reclamó: “Realismo para reconocer que la salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes, ya que todos somos corresponsables del devenir colectivo”. Y además proclamaba que hacía suyo el compromiso de comportamiento ejemplar que la sociedad reclamaba. Hay que ser cínico para tener tanta cara.

La cuestión era tan evidente que, en su primer mensaje a los españoles, Felipe VI dijo: “Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”. E inmediatamente, decidió adoptar una serie de medidas para dotar de mayor transparencia a la institución, un documento interno que se dio en llamar Código Ético de buenas prácticas de la monarquía española. Todavía no había estallado, salvo el asunto de Botsuana, todos los escándalos financieros de su padre. Aquel Código fue una iniciativa que trataba de regenerar la imagen de la monarquía preventivamente, ante lo que vendría encima.

Está pendiente de desarrollar un Estatuto de la Familia Real o Ley de la Corona que, entre otras cuestiones esenciales, regule el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías, de los gastos de Palacio. PSOE y PP han declarado repetidamente que el asunto no corre prisa. Aparte de la cuestión del control del gasto está pendiente abordar el alcance de la inviolabilidad, sobre la que han escrito destacados constitucionalistas que señalan que en siglo XXI es inconcebible que una persona pueda cometer impunemente cualquier suerte de delito, como ya ocurriera con Juan Carlos I. Es bien conocido el principio aristotélico en el sentido de quien hace la ley debe ser el primero en cumplirla. Sobre este asunto, Jiménez de Parga escribía: “Todos los Estados de régimen monárquico consagran el principio de la irresponsabilidad de los reyes. Mas el espíritu investigador no acalla su curiosidad reconociendo los hechos, sino que se lanza a la búsqueda de razones. Está superada la vieja fórmula ‘princeps legibus solutus’ y el prócer aforismo inglés ‘The King can do not wrong’. Es preciso calar más hondo. (…) Yo no hallo motivos en las monarquías de tipo constitucional, para este privilegio superlativo, rastro de las épocas en que el poder provenía de fuentes divinas. La tradición española de nuestros teólogos y jurisconsultos divorciose de la doctrina romana y exigió que los príncipes vivieran en el respeto a la ley. Y abundando en la idea de la responsabilidad por los actos personales”.