El péndulo de la corrupción

El péndulo de la corrupción no cesa de oscilar y unas veces se encuentra en la izquierda y es el PSOE, o dirigentes y militantes del PSOE los que se ven incursos en investigaciones judiciales, y otras va a parar a la derecha, y afecta a distintos militantes y dirigentes del PP. En la mayoría de los casos los asuntos relacionados con la corrupción tienen características comunes, están protagonizados por aquellos que ocupan puestos relevantes en la dirección de sus partidos, y el objeto de los presuntos delitos son las comisiones por la concesión de obra pública de forma tradicional y por las comisiones desmedidas obtenidas en lo peor de la pandemia por el suministro de mascarillas y otros útiles precisos para frenar los contagios.

Aunque parezca sorprendente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha declarado que no tenía conocimiento de las andanzas de uno de sus secretarios provinciales

Cuando la corrupción se destapa lo habitual es la sorpresa de los máximos dirigentes del partido correspondiente por la traición de personas de su confianza, que se sienten afectados porque han fracasado en su labor in vigilando y han tenido al zorro cuidando las gallinas. Justo cuando el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, levantaba el secreto del sumario sobre las andanzas de los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas, un asunto que deriva de la investigación de las comisiones por la compra de mascarillas, el PP se ve afectado por un caso que tiene los mismos mimbres, con origen en 2021 -es el primero que se investigó por fraude en la compra de material sanitario y comisiones abusivas- en el que está supuestamente implicado el presidente de la Diputación Provincial de Almería y presidente del PP en la provincia, Javier Aureliano García, que formó parte del Comité Ejecutivo del PP cuando lo dirigía Pablo Casado, que proporciona una idea del papel determinante que ha tenido en la política provincial y de la región a lo largo de las últimas dos décadas. Junto a él han sido detenidos su “número dos”, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que habrían tenido un papel clave en la firma y supervisión de estos contratos.

Aunque parezca sorprendente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha declarado que no tenía conocimiento de las andanzas de uno de sus secretarios provinciales, y la misma reacción ha tenido el presidente del PP; Alberto Núñez Feijóo, ante la operación desarrollada por la UCO en funciones de policía judicial a las órdenes del titular del juzgado número 1 de Almería, que llevaba siguiéndoles la pista durante los últimos cuatro años, para averiguar si los tres implicados actuaron de manera coordinada para beneficiar a proveedores concretos, a cambio de algún tipo de compensación económica. Por cierto, para demostrar que todos los presuntos delincuentes utilizan un modus operandi similar, también empleaban un lenguaje en clave para aludir a las comisiones que pensaban cobrar.

A falta de acotar la dimensión del presunto cobro de comisiones ilegales, la investigación judicial no puede ser más negativa para los intereses del presidente andaluz, que se someterá a elecciones autonómicas el próximo mes de junio, porque el caso salta cuando aún no se han apagado los ecos del caos de la gestión de los cribados del cáncer de mama que ha afectado a centenares de mujeres.