Con las pensiones no se juega

El río de la política baja tumultuoso y sucio. Arrastra todo lo que encuentra a su paso y así, no es de extrañar que los 12 millones de pensionistas españoles y entre ellos los casi ochocientos mil gallegos, se hayan llevado un susto y un disgusto morrocotudos. Y todo a cuenta del decreto-ley que no pudo ser, el que echaron abajo los votos sumados de Partido Popular, Vox y Junts.

Las culpas están repartidas: el gobierno por montar un decreto calificado de ómnibus donde se incluían materias diversas sin conexión alguna y la oposición, porque ha unido sus escaños para devolver a los chiqueros una propuesta con indudable carga social.

Cuando el próximo 25 de febrero los pensionistas vuelvan a cobrar la misma pensión que recibían el año pasado, es decir perdiendo los 30, 50 u 80 euros de revalorización, cuyo pago solo se hará efectivo este mes de enero, se habrá consumado la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas.

Los lectores recuerdan que esta misma alianza de las derechas españolas, reforzadas para la ocasión por el PNV, unieron hace unas semanas sus fuerzas para liberar a las poderosas compañías energéticas de un gravamen que venían pagando desde 2020. Son los mismos que ahora, con la excepción de los vascos, arrebatan esos pocos, pero tan valiosos euros a los pensionistas, también los gallegos que, por cierto, vienen cobrando las pensiones más bajas de España.

Quitar a los pobres y engordar a los ricos, y lamento el aliento demagógico, es un disparate insostenible en nuestra constitucional economía social de mercado y una fórmula que, más pronto que tarde, lleva a los gobiernos a la inmediata oposición.

Y es que, con las pensiones no se juega. No sólo porque hablamos de muchos millones de beneficiarios directos en España, a los que se empiezan a incorporar las primeras olas de los babyboomers con pensiones más altas y peso decisivo en las urnas, sino porque ese dinero tiene un efecto airbag para las familias en sentido amplio: el que riega de arriba a abajo a hijos y nietos, y al fin también, dinamiza la economía del barrio y la ola del consumo interno.

En este momento político revuelto, con un bloque de apoyo al gobierno que empieza a mostrar demasiadas grietas, fiar la revalorización de las pensiones a un decreto ley en modo cajón de sastre, es una imperdonable frivolidad social y un juego político suicida. Pensar que PP o Junts se abstendrían en el refrendo de la norma propuesta, es desconocer la regla básica de la oposición en tiempos de Trump: cuanto peor, mejor y al gobierno, ni agua. Hará bien Sánchez en enmendar con urgencia este despropósito.