El Estado pide perdón al independentismo por aplicar la Ley

En el tiempo cuando Zapatero negociaba su acuerdo con ETA y se produjo la filtración de que se iba a llevar a cabo una actuación policial en el bar Faisán que servía de refugio para llevar a cabo la recaudación del impuesto revolucionario, y también ocurrió otro hecho insólito: el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, se mostró sorprendido cuando durante la vistilla posterior a su declaración, escuchó la petición de prisión incondicional del fiscal de la Audiencia Nacional. Tanto que, indignado, dijo: “Me parece increíble. ¿Esto lo sabe Conde-Pumpido?, que en aquel momento era el fiscal general del Estado. Aquel fiscal general en quien confiaba Otegi es hoy el presidente del Tribunal Constitucional que ha avalado la amnistía que en 2023 su primer beneficiado, Pedro Sánchez, consideraba inconstitucional y no concebible en modo alguno concederla, hasta que fue el precio que se le impuso por Puigdemont para asegurarle poder seguir en la Moncloa.

Pero, es más, es el Estado quien pide perdón al independentismo por aplicar la ley a individuos que cometieron delitos comunes vigentes, porque lo hicieron por su derecho a declarar la independencia de Cataluña. La sentencia, de 205 páginas descansa como elemento esencial para validar la amnistía en que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, subrayando que “su porqué es jurídicamente indiferente” (o sea, el pago para que Junts otorgara sus siete votos a Sánchez es irrelevante, o que el trasiego de la política, se puede cambiar una ley que beneficie una determinada conducta penal por unos votos), “dado –dicen los seis magistrados favorables a la amnistía-- que toda ley obedece a criterios de oportunidad política, centrándose únicamente en si existen circunstancias excepcionales que la justifiquen para afirmar que no es un capricho porque busca mayor paz ciudadana”. Y se premia a quienes la quebraron con la impunidad. Y eso se extiende sobre más de 400 sujetos.

Frente a esto, una parte considerable de la sociedad española, que incluye a personajes relevantes del propio partido que dirige Pedro Sánchez, se encuentra hoy impresionada por los efectos negativos, atroces, inconcebibles sobre la propia naturaleza del Estado de Derecho de la sentencia indicada. Porque la evidencia más llamativa es que ha sido un pago del mercado donde Sánchez puso al Estado mismo en almoneda para seguir en la Moncloa. Pero es que además se acrecienta la evidencia de que dejar impunes de inmediato los delitos comunes cometidos por más de 400 sujetos beneficiados, y en contra de lo que se dice en la exposición de motivos, forzado texto, no sirve para nada, por la plena, creciente, manifiesta y confirmado mantenimiento de los objetivos de quienes los cometieron dentro de proceso para romper el Estado y declarar la independencia de Cataluña.

Es evidente que, para una parte consciente de la sociedad española, como en este caso, la desesperanza es una experiencia universal que, a menudo, se infiltra en nuestras vidas en momentos como estos, en que, desde instituciones como el Tribunal Constitucional, ahora fracturado, una mayoría de jueces, que se etiquetan progresistas, dinamitan los principios que hasta ahora sustentaban la Constitución y el Estado mismo.

Al margen de cualquier otro aspecto, para ellos que la amnistía fuera un precio pagado no altera su propia naturaleza, pese a la evidencia de que no sirve al fin con que se disimula. Es ciertamente lo que las gentes de bien sentimos, es una reacción abrumadora de desolación, de desamparo, de pesimismo. No obstante, cuando una sociedad atraviesa por un trance como éste, hemos de superar la gravedad, la desesperanza no tiene que ser un estado permanente; es posible transformarla en esperanza y acción.

Con la amnistía se ha violentado el sentido de la Ley y forzado lo que debe primar al elaborarla. Como señalaba el constitucionalista Manuel Aragón, el Tribunal Constitucional no puede hacer decir a la Constitución lo que este no dice sobre todo con afirmaciones peregrinas que de la amnistía no aparece allí prohibida, como otras tantas acciones que por esa regla de tres tan simple estarían permitidas. En suma, esta sentencia pone en riesgo a la Constitución misma y abre el camino, seguro para que el independentismo alcance otro de sus objetivos, a través de un referéndum, divisa que sigue figurando entre sus irrenunciables metas. Al tiempo, Y en ese marco, se trata de modo excepcional a una serie de personas primando la gravedad de sus propios actos, que siguen siendo delitos comunes en el ordenamiento ordinario vigente. No en vano, a Europa le preocupa lo que viene sucediendo en España, lo califica de “autoamnistía” y sobre todo el modo en que se han desnaturalizado la interpretación de sus propias resoluciones. La llamada subversión constitucional se ha consumado, según numerosos juristas. Lo más curioso es que ninguno de los partidos que aprobaron, apoyan y se felicitan del resultado final, llevaron en sus programas la amnistía, en tanto el PSOE le negaba y rechazaba de modo categórico. Y a todo esto, Junts considera la amnistía una victoria propia y resaltan que no han cedido en nada en ninguno de sus objetivos y metas, o sea, la independencia.