Entre pillos anda el juego

Qué ternura provoca escuchar a los líderes políticos de todos los partidos apelar al respeto de la Constitución, a la independencia de las instituciones, a la elección de sus miembros atendiendo a su sapiencia o a su neutralidad, y cómo dibujan un futuro en el que la acción política se encontrará regida por la normalidad democrática. Todos los líderes prometen que se atendrán a un comportamiento limpio, pero lo que dicen en campaña electoral, y sobre todo lo que dejan entrever, supone todo lo contrario, la defensa de los intereses partidistas revestidos de defensa de los intereses generales y la práctica del mismo sectarismo que critican desde la oposición.

En efecto, entre pillos anda el juego, porque el Gobierno parece dispuesto a llevar a la Diputación Permanente del Congreso los “decretos Maricarmen”sobre vivienda para aliviar la situación de los inquilinos vulnerables, entre otras medidas, que ya fueron rechazados por el pleno del Congreso. En este caso, la argucia es evidente y nadie la oculta: en ese órgano de dirección del Congreso los votos de los partidos del bloque progresista son más que los del sector conservador, de tal forma que la posición de Junts, que evitó su aprobación en el pleno, es irrelevante. Se dice y es verdad que se trata de utilizar un subterfugio -un fraude de ley- en una institución que no estaba previsto inicialmente que fuera utilizada para burlar la mayoría de la representación popular. Pero lo que no está expresamente prohibido está permitido, y a nadie le puede extrañar que un partido utilice todas las estrategias a su alcance para lograr su objetivo.

Que el PSOE realice una defensa a ultranza de los procedimientos democráticos y del respeto a la Constitución, cuando lleva tres años saltándosela sin cumplir su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado no es un bagaje con el que criticar a sus oponentes, que también la manosean para ponerla a su servicio.

En el PP tampoco ocultan que utilizarán todas estratagemas a su alcance para lograr la colonización de las instituciones

En el PP tampoco ocultan que utilizarán todas estratagemas a su alcance para lograr la colonización de las instituciones que tanto critican al gobierno de Sánchez. Las últimas maniobras del PP y de Vox tienen como objeto hacerse no ya con la mayoría absoluta del Senado sino con la mayoría reforzada de tres quintos que les permitiría designar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación desde hace diez meses, y que no lo han sido a la espera de que los votos les permita hacerlo sin negociar con la oposición. Han vulnerado la Constitución al sobrepasar los plazos de renovación y ahora afirman que lo han hecho para lograr una mayor independencia en la elección de esos magistrados, cuando la pretensión es la de cambiar el signo del TC hacia una mayoría conservadora que se extendería durante más de una década. Que el PP y Vox pretenden controlar la Justicia es una evidencia, pero su retórica es la de lograr su mayor despolitización posible, a la que pretenden controlar por la puerta de atrás y por la de delante, sin ocultar que se trata de un juego de manos.

Tanto el PSOE como el PP demuestran un desprecio absoluto a los procedimientos, les importa muy poco la dignidad de las instituciones y la lectura de la Constitución se hace en función de sus propios intereses, pero es el otro quien tiene los mayores comportamientos antidemocráticos y anticonstitucionales.