Plan Director de Vivienda Social en Patrimonio Eclesiástico

El derecho a una vivienda digna y asequible se ha consolidado como la principal preocupación de la ciudadanía y debe de ser la prioridad de cualquier política de vivienda frente a una escasez estructural de oferta. Las soluciones efectivas no vendrán únicamente del ámbito legislativo o institucional; exigen también imaginación, corresponsabilidad y alianzas estratégicas entre distintos estamentos de la sociedad civil.

Por ello mismo, quiero destacar la valiente y pragmática iniciativa impulsada recientemente por el Arzobispado de Santiago. El patrimonio inmobiliario eclesiástico puede, y debe, convertirse en una vía alternativa y de impacto inmediato para combatir la exclusión residencial. El reciente acuerdo suscrito entre la archidiócesis compostelana, Cáritas diocesana y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) fija un horizonte claro: estudiar la rehabilitación integral de bienes inmuebles eclesiásticos para destinarlos a alojamientos sociales y de emergencia para personas y familias económicamente vulnerables.

El Obispado de Ourense no solo tiene los activos necesarios, sino la responsabilidad social y moral de sumarse a esta propuesta.

Este acuerdo contempla la actualización del inventario histórico de casas rectorales que la Xunta de Galicia y el COAG elaboraron entre 1991 y 1993, un catálogo valiosísimo pero necesitado de revisión técnica. Además, el colegio profesional creará una red de arquitectos colaboradores para proporcionar asesoramiento técnico y elaborar proyectos específicos de intervención. El foco del convenio compostelano se sitúa sobre cerca de 800 casas rectorales -una quinta parte de las aproximadamente 4.000 distribuidas por la geografía gallega-. Aunque la viabilidad técnica y logística impedirá la recuperación total de los inmuebles, la conjunción de estas tres instituciones permitirá filtrar e identificar de forma rigurosa aquellos activos que, por su ubicación, estado de conservación y tipología puedan retornar a la comunidad en forma de hogares dignos.

Ante este escenario, la mirada debe dirigirse con urgencia hacia nuestra provincia, Ourense. El Obispado de Ourense es el poseedor de la mayor densidad de patrimonio inmobiliario de origen eclesiástico en Galicia. Los datos resultan inapelables: según los inventarios diocesanos y de bienes inmuebles, la diócesis ourensana contabiliza cerca de 3.000 bienes inmuebles, albergando en su territorio entre 550 y 600 casas rectorales. Sin embargo, la realidad sociodemográfica del rural ourensano muestra un paisaje desolador: apenas un centenar de estas casas se encuentran habitadas actualmente por sacerdotes o destinadas a usos comunitarios. Más de 400 rectorales de la provincia sufren hoy el impacto directo de la despoblación, arrojadas al deterioro progresivo o al abandono.

Que la diócesis de Ourense, con la mayor carga de conservación inmobiliaria y el mayor número de activos vacíos de Galicia, permanezca ajena a esta vía de trabajo sería una oportunidad perdida. Su incorporación inmediata a un modelo de plan director de vivienda social similar al compostelano permitiría desatascar dos problemas de forma simultánea: por un lado, frenar la ruina de un patrimonio arquitectónico y etnológico de valor incalculable; por otro, dinamizar los núcleos rurales mediante la fijación de población vulnerable a través de vivienda asequible. El Obispado de Ourense no solo tiene los activos necesarios, sino la responsabilidad social y moral de sumarse a esta propuesta. Articular una alianza con los 92 concellos ourensanos transformaría piedras hoy olvidadas en verdaderos instrumentos de cohesión e integración. La sociedad demanda soluciones, y está puede ser una de ellas.