Pobres inspectores “escupidos”

No he podido sentirme conmovido por su queja. No debe de ser fácil vivir instalado en la autoridad y acostumbrado a vivir exigiendo cuentas a los demás. Los inspectores de Hacienda, uno de los cuerpos más selectos y mejor remunerados de la Administración del Estado, han decidido levantar la voz para denunciar que se sienten abandonados, despreciados y hasta pisoteados. Casi nada. Quienes tienen entre sus atribuciones examinar las vidas y pecunios ajenos con minuciosidad de cirujano y, a menudo, con la sensibilidad de Jack el Destripador, se sienten ahora víctimas del abandono.

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán Piñar, ha aprovechado el congreso de su organización para denunciar el deterioro institucional y la desatención que, a su juicio, sufre este cuerpo. Habla de una profesión “vapuleada y despreciada, pisoteada y escupida” y asegura que el desánimo cunde como nunca en el gremio. Un diagnóstico ciertamente dramático para un colectivo cuya retribución anual puede situarse en torno y por encima de los 65.000 euros brutos, aunque con diferencias según destino, antigüedad y complementos. Hay que sumarle a ello la parte del coste de la Seguridad Social que asume la Administración. No parece precisamente el salario de una profesión abandonada a su suerte. Y mención aparte merece el hecho de que dicho salario vaya acompañado de bonus por productividad, lo cual, hablando en plata, quiere decir que cuanto más nos multen a usted y a mí, mayores serán sus ingresos a final de mes.

No seré yo quien tase el salario ajeno ni los méritos de cada profesional o grupo profesional para cobrar lo que cobre. Bastante tengo con discutir el mío. Lo que resulta difícil de entender, amén de esos incentivos más propios de mercenarios, es que un colectivo situado en semejante posición profesional y económica se presente como una víctima especialmente desamparada de la Administración. Hay miles de funcionarios que desempeñan trabajos esenciales, con una responsabilidad enorme y una remuneración bastante más modesta. Sanitarios, docentes, policías, personal de Justicia o empleados de la Administración local podrían tener alguna cosa que decir sobre el reparto de las atenciones públicas. Y no digamos quienes trabajan en la empresa privada, donde la estabilidad, los horarios y las vacaciones no siempre vienen incluidos en el contrato como parte de un generoso paquete de beneficios. Basta con ver el lujoso edificio en el que desarrollan su trabajo en Ourense: fresquito en verano, cálido en invierno y, a juzgar por las apariencias, sin reparar demasiado en gastos.

LA AUTORIDAD NO DEBERÍA CONFUNDIRSE CON LA ARROGANCIA, NI LA CAPACIDAD DE INVESTIGAR CON UNA LICENCIA PARA TRATAR A TODO CONTRIBUYENTE COMO UN DEFRAUDADOR EN POTENCIA

Pero hay otra peculiaridad de esta queja que merece reflexión. La relación de los inspectores con los ciudadanos a los que examinan no suele caracterizarse precisamente por la amabilidad ni por la consideración. Quien recibe una notificación de inspección conoce bien la sensación de que la Administración lo ha señalado con el dedo y ahora le corresponde demostrar que no ha hecho nada malo. Como la Justicia, pero al revés: ningún ciudadano parece inocente ante un inspector hasta que consigue demostrar lo contrario. Enfrentarse a una inspección de Hacienda puede significar sumergirse en un campo abonado de requerimientos, explicaciones, justificantes, facturas, extractos y preguntas que se prolongan durante meses, hasta que el administrado acaba exhausto y con la impresión de que demostrar su inocencia es una tarea interminable por no decir imposible. Tiene que acreditar que sus cuentas están en orden, justificar decisiones y responder a una batería de preguntas bajo la permanente amenaza de una liquidación complementaria o una sanción que acabará por descuadrar las cuentas de su negocio No todos los inspectores actúan de la misma manera, ni la función inspectora puede ejercerse sin autoridad, pero demasiadas veces el trato transmite una presunción de culpabilidad que no debería tener cabida en una Administración que, aunque por su “modus operandi” no siempre lo parezca, está obligada a respetar los derechos de los contribuyentes.

Desde esta posición de debilidad, el administrado acaba abonando sin rechistar lo que no debería, o cediendo al chantaje de Hacienda: o nos paga usted esto ahora y santas pascuas o se arriesga a un proceso largo y farragoso en el que puede acabar usted pagando muchísimo más. Curiosamente, se pregonan a bombo y platillo las listas de morosos, las sanciones millonarias, pero se silencian los casos de expedientes que acaban en agua de borrajas, después de años sin dormir.

Por eso chirría tanto escuchar ahora que quienes ejercen esa posición de “todopoderosidad” se sienten poco atendidos. Si hay alguien que tiene derecho a ser escuchado, a recibir un trato respetuoso y a no sentirse tratado como un presunto delincuente por el simple hecho de haber sido seleccionado para una comprobación, es precisamente el ciudadano. La profesionalidad no consiste únicamente en conocer la legislación tributaria y detectar irregularidades. Exige entender que detrás de cada expediente hay una persona o una empresa de la que viven otras personas y que el poder de la Administración no convierte automáticamente al funcionario en dueño de la razón.

Tampoco parece, al menos a los ojos de este humilde escribidor, que las condiciones laborales de las que disfruta el funcionariado estatal sean precisamente las más ingratas del mercado de trabajo. La estabilidad del empleo, las vacaciones retribuidas, los permisos y las posibilidades de conciliación forman parte de un marco laboral que muchos trabajadores desearían. No digo, Dios y el diablo me libren, que los inspectores no tengan problemas ni que carezcan de derecho a reclamar mejoras. Pero convendría poner las reivindicaciones en perspectiva antes de presentarse como víctimas de una suerte de maltrato institucional generalizado.

De la Herrán ha recordado que “los políticos son temporales; nosotros, los funcionarios, somos permanentes”. Una frase que encierra una verdad administrativa, pero también una tentación corporativa: confundir la permanencia en el puesto con una suerte de superioridad moral sobre quienes tienen la responsabilidad de dirigir la institución. Los funcionarios son imprescindibles para el funcionamiento del Estado, pero no son propietarios de la Administración ni están exentos de rendir cuentas. Ni a sus superiores ni, mucho menos, a los ciudadanos.

La Hacienda pública necesita inspectores bien preparados, independientes y rigurosos. Pero también necesita que esa misma exigencia se aplique al trato con los ciudadanos, a la eficacia de los procedimientos y al respeto de sus derechos. La autoridad no debería confundirse con la arrogancia, ni la capacidad de investigar con una licencia para tratar a todo contribuyente como un defraudador en potencia. Es inadmisible el tono de las misivas que esta Administración envía a los administrados. Son irrespetuosas y con frecuencia ilegibles para el destinatario, al que tratan de presunto defraudador e ignorante.

Quizá los inspectores tengan razones para reclamar una Administración mejor organizada y más respetuosa con sus profesionales. Pero, puestos a hablar de abandono y desidia, sería interesante que alguna vez mirasen también hacia el otro lado de la mesa. Allí se sienta el ciudadano, que no tiene complemento específico, ni plaza en propiedad, ni la seguridad de que el próximo requerimiento no le complicará unos cuantos meses de su vida. Y que, cuando recibe una visita de Hacienda, sabe que no será precisamente de cortesía.