¿Podrán pagarse las pensiones?

El dato es tan contundente como incómodo: si se cumplen las proyecciones de la Comisión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España será en 2050 el país del mundo desarrollado que mayor proporción de su producto interior bruto destine al pago de pensiones públicas. Un 16,8% del PIB, muy por encima del promedio de la OCDE, que ronda el 10%, y también por delante de economías envejecidas como Italia, Bélgica o Francia.

El llamado Ageing Report de la Comisión Europea, base de estas estimaciones, no es un ejercicio de futurología sino una advertencia estadística. Lo que dibuja no es tanto un colapso inminente como una trayectoria exigente, marcada por factores bien conocidos: la jubilación masiva de la generación del baby boom, una natalidad persistentemente baja, carreras laborales más largas, pero también pensiones iniciales más altas y una revalorización ligada por ley a la inflación. Todo ello empuja el gasto al alza incluso en escenarios de crecimiento económico razonable.

Las comparaciones internacionales ayudan a contextualizar el fenómeno. Francia se movería en torno al 13,7% del PIB, Portugal cerca del 14,6% y Bélgica entre el 14,8% y el 15,4%. Italia, pese a haber afrontado reformas duras en el pasado, rondaría el 15,5%. En el extremo opuesto aparecen países como Estados Unidos, Chile o Australia, con sistemas más apoyados en la capitalización privada y un gasto público en pensiones muy inferior, entre el 2% y el 6% del PIB. No es solo una cuestión demográfica, sino también de modelo social y de reparto de riesgos.

El envejecimiento, la baja natalidad y la mejora de las prestaciones explican un aumento que ya supera los 200.000 millones anuales

Más allá de las proyecciones a 25 años vista, la presión ya es visible en las cifras actuales. En 2025, el gasto en pensiones contributivas alcanzará los 189.598 millones de euros, un 6,2% más que el año anterior y más de un 13% por encima del nivel de 2023. A ello se suman las clases pasivas, que en los once primeros meses del año absorbieron más de 20.000 millones adicionales. En conjunto, el desembolso total en pensiones públicas ya supera los 200.000 millones de euros anuales, incluso antes de cerrar el ejercicio completo.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas proyecta que en 2026 el gasto podría acercarse a los 230.000 millones, impulsado tanto por la revalorización automática –añade más de 7.000 millones–, como por el llamado efecto sustitución: las nuevas pensiones son sistemáticamente más altas que las que desaparecen. El gasto se situaría en torno al 13% del PIB a corto plazo, todavía lejos del umbral previsto para 2050, pero claramente en una senda ascendente.

Ante este panorama, las respuestas políticas oscilan entre la prudencia y la confianza. La OCDE ha vuelto a recomendar a España ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión y reforzar incentivos para alargar la vida laboral, además de facilitar procesos de regularización de inmigrantes que amplíen la base de cotizantes a la Seguridad Social. El Gobierno, por su parte, defiende que las reformas recientes y el nuevo marco fiscal europeo permiten afrontar el reto sin ajustes traumáticos inmediatos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en que las previsiones se están cumpliendo y que los mecanismos de revisión trienal ofrecen margen de corrección, si fuera necesario. Al siguiente Gobierno –sea del partido que sea– no le faltará trabajo.

@J_L_Gomez

Al alza | La pensión media

En materia de pensiones no se trata solo de cuánto se gasta, sino de qué sociedad se quiere sostener y con qué reparto de esfuerzos entre generaciones. España se enfrenta a una factura creciente, pero también a una decisión colectiva: si asume ese coste como parte de su contrato social o si opta por redefinirlo antes de que la propia demografía lo fuerce. La pensión contributiva media asciende ahora a 1.317 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas, un 4,4% más que el año pasado.

A la baja | Los incentivos

El debate sobre las pensiones también se extiende a los sistemas complementarios, ya que el Gobierno estudia ajustar los límites de aportación a los planes privados tras su recorte en 2023. Estos planes se apoyan en incentivos fiscales para fomentar el ahorro a largo plazo, con deducciones en el IRPF y rescates posibles a largo plazo o en situaciones específicas. Atentos, pues, a los rescates posibles tras 10 años de aportaciones o por contingencias como jubilación, enfermedad o desempleo.