El uso político de las tragedias

Recordando tragedias de España, provocadas, accidentales o naturales, tales como el Prestige, Spanair, Angrois, 11-M, atentados de ETA, covid, dana o Adamuz, resulta evidente que de los casos enumerados unos tienen mayor justificación y logran mayor eco en la protesta que otros. No es que haya víctimas de primera, segunda o tercera, sino que hay más razón y mejor o peor coordinación política y mediática. Enjuiciemos la proporcionalidad y correspondencia de una determinada catástrofe respecto al uso político que se hace de ella y de sus víctimas. Constatando la realidad, la izquierda maneja mejor que la derecha ese escenario hasta convertido en propaganda y mantra político.

Por primera vez, y contraprogramadas de forma sospechosa por asociaciones de la dana con probado vínculo político, las familias y víctimas de la tragedia de Adamuz (46 muertos), protestaron de forma pacífica sin insultos esta semana ante el Congreso. Y pese a las evidencias de las mentiras de Transportes y Adif y la ceremonia de la confusión a la que ha jugado el Gobierno como hizo con el apagón, además de ser ignoradas por el Gobierno, no hay dimisiones como en el caso de la riada valenciana con Mazón, dando por sentado que en ambas circunstancias existieron negligencias y pecados de gestión y que la responsabilidad compartida de los gobiernos central y autonómico fue mayor en el caso de la dana que en el accidente de Adamuz. Cuando la protesta cumple con los parámetros de civismo tiene mucha menos penetración social que cuando se teje toda una estrategia política con participación de partidos y medios de comunicación para dar altavoz y multiplicar la percepción. El PSOE contraprogramó a las víctimas de la dana y les dio entrada al Congreso, mientras que por motivos de “seguridad” la concentración de Adamuz fue alejada de las Cortes y el ministro responsable entraba en campaña responsabilizando a Juanma Moreno de la tragedia ferroviaria al culpar a las emergencias para desviar su negligencia en el mantenimiento de las vías.

La izquierda española logra mejores resultados de las catástrofes en términos de repercusión

Lo mismo sucede a la hora de juzgar la corrupción, porque el sanchismo ignora el interminable discurrir de asuntos turbios que ahora se sustancian en los tribunales y que el propio Gobierno calificó de bulos inicialmente hasta que los jueces y la UCO dieron veracidad a las denuncias periodísticas. Haciendo una reflexión objetiva nadie puede negar que la coordinación, organización y ruido político-mediático que hace la izquierda española de las tragedias logra mejores resultados en términos de repercusión social e influencia en la opinión pública. Pero a menudo se excede y se le va mano, y eso es algo que como sociedad nos debe preocupar, porque se trata de un síntoma de deterioro democrático y falta de neutralidad a la hora de respetar la verdad y reforzar la convivencia. Si además de lo mencionado, hablamos de la semi excarcelación de sanguinarios etarras, la amnistía del procés, los privilegios fiscales por territorios y la financiación autonómica singular, no cabe duda de que hay una falta de objetividad ética y moral a la hora de proceder por parte de la izquierda extrema. Aquellos “rodea al congreso” bajo la semilla floreciente del movimiento indignado, ese fletar de autocares para cuestionar la victoria electoral de Juanma Moreno en Andalucía o el acoso a la Corona por razones republicanas inclinan la balanza claramente hacia un lado y dejan entrever quien usa con mayor perversión la protesta preparada que de un tiempo a esta parte se identifica con el fango de cloaca.

En este mundo envilecido, donde se gobierna a los pueblos como a una empresa, se declaran guerras en base a la cuenta de resultados económicos o se utiliza a las gentes como simples comparsas de la política, resulta desalentador comprobar cómo algunos políticos distinguen entre muertos propios o ajenos, ciudadanía buena y mala según voten a unos u otros y territorios de privilegio en función de si son socios o no. Estas diferencias suelen ser síntomas enfermizos de populismo político, a los que tampoco escapa la extrema derecha, así como antesala de inclinaciones autócratas. A veces, los ciudadanos tardan en darse cuenta del engaño y la mentira política, pero tarde o temprano, como acaba de ocurrir en Hungría con la derrota electoral del ultraderechista Orbán y el castigo a cero escaños de socialistas y comunistas, suelen ser las urnas las que castigan los excesos del poder. Seguramente será por eso que Sánchez se resiste a adelantar las elecciones pese a estar acribillado por la corrupción, sin presupuestos y radicalizado en política exterior al alinear a España con China y los regímenes populistas de extrema izquierda latinos. Ese empeño sanchista en restar democracia por razones partidistas y egoísmo personal terminará pasando factura al marido de Begoña, hermano de David y compañero de Ábalos, Cerdán, Koldo y Leire, algunos de ellos pasajeros del Peugeot con el que empezó la odisea viajera y negligente del sanchismo procesado. La protesta como oposición política es legítima, sobre todo si se fundamenta en la razón. Pero el abuso partidista deja en evidencia mayormente a unos que a otros.

El fiscal detestado

El exfiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en el fiscal detestado, salvo para la Fiscalía en la que dejó colocada a su discípula Peramato. Tanto la Fiscalía como él mismo han recurrido ante el Constitucional la condena del Supremo a inhabilitación por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. La Fiscalía pide la anulación de la condena y García Ortiz solicita amparo al alto tribunal en una acción pactada y esperada ante Conde Pumpido, guardián de la inmunidad del sanchismo como demostró rebajando las condenas de los Eres del PSOE andaluz. El fiscal detestado busca una salida tras la primera condena de un Fiscal General en ejercicio, lo que supuso una vergüenza para el Estado de Derecho y la evidencia, como dijo Sánchez, de que la fiscalía está al servicio del Gobierno. Pues eso. Por si aún no hubiera quedado demostrado que la Fiscalía y Abogacía del Estado actúan como defensores del sanchismo, ahora se trata de convertir al Constitucional en un tribunal de casación, cuando no es el caso, pues es precisamente el Supremo el que ejerce ese papel de última instancia y máximo órgano jurisdiccional.

El juez juzgado

Los ataques gubernamentales al juez Peinado, por muy extravagante que haya sido su instrucción, son intolerables en una democracia. El ministro Bolaños y otros miembros del Gobierno han denigrado esta semana a Peinado tras su auto de procesamiento contra Begoña Gómez. Procesamiento de la esposa del presidente por 4 delitos (corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida de marca), mientras ella y Sánchez buscaban el lado correcto de la Historia en la dictadura comunista de China. Bolaños dijo que el juez Peinado “avergüenza” a parte de la ciudadanía y la judicatura y que un tribunal “imparcial, superior e independiente” revocará su decisión de procesarla. Eso, dicho por todo un ministro de Justicia, se interpreta como un tic autoritario y un ataque a la separación de poderes, y así lo han referido el propio Poder Judicial y las asociaciones mayoritarias de jueces. Resulta alarmante, en cambio, el silencio gubernamental por el juicio Ábalos-Koldo y los casos Hidrocarburos, Forestalia, Cerdán, Leire, Plus Ultra, Air Europa, Hermanísimo y financiación del PSOE.