La “prioridad nacional” masiva

Los gallegos somos un pueblo emigrante, y comprendemos mejor que nadie lo que significa abandonar tu tierra, a veces tu familia, para encontrar trabajo y un futuro. Es injusto rechazar la regularización legal y garantista de inmigrantes con los derechos y obligaciones oportunos, siempre desde la legalidad. Pero lo que está ocurriendo con la regularización masiva de inmigrantes es, una vez más, la consecuencia del oportunismo populista del sanchismo mediante un decreto ley sin pasar por el Congreso que está generando caos, colapso en los ayuntamientos, efecto llamada y recelos de la Unión Europea porque supone una “amenaza” para el resto de miembros comunitarios. El hecho humano de la regularización es algo que todo el mundo comprende, pero no así las prisas repentinas con las que se acomete una regulación calificada de “chapucera” por la oposición, que se cifra oficialmente en 500.000 migrantes irregulares que residen en España, si bien otras fuentes lo elevan al millón o millón y medio.

Las terminales del poder tratan de desmentir las sospechas de la finalidad electoralista que la oposición encuentra en la regularización extraordinaria por las formas gubernamentales de proceder sin consenso ni tramitación parlamentaria, dando la espalda a la política migratoria común. Pero lo cierto es que los regularizados de forma extraordinaria por arraigo podrán votar en las elecciones municipales, aunque no de forma inminente en las generales o autonómicas. Sin embargo, quienes desde el extranjero han solicitado la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática por ser descendientes de españoles adquieren los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano, por lo que una vez nacionalizados podrán votar de forma inmediata en todos los comicios que se celebren. Más de 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad mediante la denominada “ley de nietos”, lo que unido a los 500.000 regularizados que obtendrán la ciudadanía en 2 años, suman 3 millones de votos potenciales.

Resulta gratuito presuponer que los migrantes votarán a la izquierda por agradecimiento, pero en algún video filtrado de dirigentes del PSOE se pide a los inmigrantes irregulares que no olviden qué partido les regulariza, lo cual delata la intención. A eso hay que sumar el efecto sentimental de quienes ya pueden ejercer el voto con familiares y amigos en situación irregular, lo que despierta simpatías a la hora de acudir a las urnas. Conviene no olvidar que el PP votó a favor de tramitar una iniciativa legislativa popular sobre la regularización de extranjeros paralizada desde 2024. Una ILP que ahora se saltan el sanchismo y parte de sus socios mediante real decreto. El PP logró recientemente que la Cámara Baja rechazara la regularización masiva de inmigrantes con el apoyo de Vox, Junts y UPN por contravenir los principios europeos fijados en el Pacto de Migración y Asilo, de ahí que Pedro haya optado por el decreto y por usar a Abascal con “la prioridad nacional” del Pacto de Guardiola y Azcón, quienes garantizan el cumplimiento de la Ley.

Felipe González hizo hasta tres regularizaciones, Aznar dos, Zapatero una y Rajoy ninguna

En cuanto al aspecto de la delincuencia que pudiera acarrear esta regularización masiva, una contradicción de libro: Se incluye la ausencia de antecedentes penales, pero no serán motivo de paralización los antecedentes policiales, algo que anteriormente era razón automática de exclusión. Todo eso unido a las avalanchas de migrantes en Ceuta, Melilla y Canarias y a la distribución a la fuerza de menas por todo el territorio español arroja dudas razonables sobre la regularización gubernamental. Es decir, el Gobierno de Sánchez podrá regularizar a un inmigrante con antecedentes policiales si no es “una amenaza para el orden público”. Pero, ¿quién determina que la amenaza de inseguridad no existe cuando Interior pide que se informe de la regularización a presos preventivos extranjeros?

En definitiva, la regularización masiva del Gobierno plantea dudas objetivas, y sospechas sobre la intencionalidad política de la misma, por encima del mero hecho humanitario. Felipe González hizo tres regularizaciones, Aznar dos, Zapatero una y Rajoy ninguna. Son 40 años de regularizaciones necesarias, si bien la presente es, de todas, la más polémica por su falta de garantías y consenso y porque rezuma populismo electoral a corto, medio y largo plazo. Hay coincidencia mayoritaria a derechas e izquierdas en que la regularización es un mecanismo democrático de igualdad, pero si se hace con garantías legales. Europa no quiere que España se convierta en un “coladero” sin el completo control de antecedentes policiales.

De nuevo Sánchez va por libre por evidentes razones de conveniencia política. El problema de esta regularización es que se hace de forma unilateral, sin tramitación parlamentaria y sin controles exigentes verificables. Es una regularización forzada, con riesgo de colapso de los servicios públicos y sin infraestructura suficiente, según ayuntamientos, sindicatos policiales y otros estamentos de la administración. Algo que la puerta sur de la Unión Europea no se puede permitir. La “prioridad nacional” masiva del campeón de la demagogia tampoco pasará a la historia como un modelo de gestión.

Begoña se Hace Oir

Begoña Gómez se hace oír frente a la acusación popular de Hazte Oír, que pide para ella 24 años de cárcel por los presuntos delitos de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida. La esposa del presidente se quiere hacer oír, junto a la Fiscalía, pidiendo la nulidad del auto de procesamiento del juez Peinado, al que atribuye” irregularidades” en la instrucción. Solicita, además, la reapertura de la investigación en un intento de evitar el jurado popular. Ahora debe pronunciarse la Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó sucesivas querellas de la familia Sánchez Gómez contra Peinado. Según fuentes jurídicas, la petición de la ultra católica Hazte Oír es demasiado elevada, y más si tenemos en cuenta que de los cuatro delitos imputados sólo dos de ellos tienen posibilidad de prosperar: tráfico de influencias desde La Moncloa y apropiación indebida del software de la cátedra de la Complutense. Sea como fuere, está fuera de lugar la destemplada reacción gubernamental contra el juez, si es que la ley es igual para todos y todas.

Luis ya no es fuerte

De aquél “Luis, sé fuerte; hacemos lo que podemos” de Rajoy a Bárcenas que vimos en una impactante portada de periódico al juicio Kitchen de ahora hay evidentes contradicciones del extesorero del PP y acusaciones hacia Mariano Rajoy imposibles de demostrar. No olvidemos que Bárcenas fue condenado en su momento por la Gürtel y que a quien se juzga es al exministro Fernández Díaz, su secretario de Estado y el comisario Villarejo, y no al expresidente del Gobierno, Cospedal o el PP pese a los intentos del PSOE de meterlos en la ecuación. Del mismo modo, tampoco hay que olvidar que Bárcenas fue acusado de ocultar en el extranjero al menos 48 millones de euros, y que su estrategia de defensa le ha permitido mentir. Ahora Luis Bárcenas ha dejado de ser fuerte, y lo que se juzga es el acoso de una trama policial para sustraer información comprometida en su poder. El extesorero popular ya ha confirmado en sede judicial que los audios grabados ya no están en la nube ni en la tierra. Audios cuya existencia no pueden probar ni él ni su mujer Rosalía. Luego Luis ya no es tan fuerte.