El problema es la Fiscalía, no el juez Peinado

El juez Peinado se encuentra en el ojo del huracán desde que le tocó el caso Begoña Gómez. Desde entonces, los sanchistas le dan hasta en el carnet de identidad, y nunca mejor dicho porque incluso le han acusado de utilizar dos para hacer negocios al margen de la ley, lo que se ha demostrado falso. Peinado ha provocado el desencanto de los no sanchistas porque ha aplazado al día 15 la comparecencia de Begoña Gómez, y sin embargo fuentes que saben de qué va la cosa judicial aseguran que ha hecho bien.

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, alegó que no le habían trasladado la información relacionada con los asuntos sobre los que se acusa a su clienta, y el juez ha decidido entonces el aplazamiento precisamente para evitar la nulidad de la declaración por una cuestión de procedimiento. Pero sí ha mantenido la comparecencia del rector de la Complutense, que como testigo ha dicho la verdad y nada más que la verdad, para no caer en perjurio. Y lo que contó Joaquín Goyeche no fue muy edificante para Gómez, que convocó al rector a la Moncloa para proponerle la creación de una cátedra que dirigiría ella misma y buscaría financiación. También dijo el rector que nunca se había creado una cátedra como la de Begoña Díaz, con un codirector que cumpliría los requisitos que ella no cumplía.

Mientras llega el día 15, todo apunta a que Peinado va a seguir andando con pies de plomo, porque sabe que la defensa de Begoña Gómez se basa en intentar desacreditarle como profesional de la judicatura.

Es la primera vez que un fiscal general del Estado está imputado, pero Alvaro García Ortiz no se inmuta

El problema no está en los jueces, o al menos en los asuntos que hoy seguimos con atención millones de españoles. El problema está en la Fiscalía. Es la primera vez que un fiscal general del Estado está imputado, pero Alvaro García Ortiz no se inmuta porque cuenta con el apoyo del presidente, así que sigue erre que erre impartiendo órdenes a sus “súbditos” para bloquear cualquier intento de cualquier juez de actuar contra cualquier personaje de partidos a los que Sánchez debe su vida política, porque de ellos dependen los votos parlamentarios. Aprovecha la presidencia del Gobierno para intentar manejar la Fiscalía y el Constitucional, y que hagan favores también a las docenas de afectados por el caso de los ERE, como si se tratase de un asunto muy menor.

Hasta ahora, en la fila de fiscales que han dado ejemplo sobrado de independencia a lo largo de su carrera, unos considerados progresistas y otros conservadores, lo habitual ha sido reaccionar con profesionalidad, con principios, a las instrucciones recibidas. Pero el fiscal general no se resigna. Su última “hazaña” ha sido recurrir la decisión del juez Llarena de negarse a conceder la amnistía a Puigdemont.

Lo que hay que ver con este Gobierno progresista que presume de luchar con todas sus fuerzas contra la corrupción.