El problema es el sistema

El país lleva unos días moviditos desde que el ministro Óscar Puente decidió meterse un tiro en el pie, acusando a Noelia Núñez de atribuirse unos títulos universitarios que no tenía, obviando la cuestión de su propio título de máster, que ha arrastrado a un nutrido grupo de políticos a revisar sus currículos oficiales.

En este punto cabe romper una lanza en favor de dos de ellos, de posiciones bien distintas, para esclarecer parte de este conflicto. El primer caso es Patxi López, que afirma ser ingeniero aunque no tenga el título. Lo cierto es que hay una razonable cantidad de ingenieros que no lo tienen, y la razón está en que las empresas van a buscarlos a la facultad en el último curso, incorporándolos a la empresa. A partir de ahí, los hay que van terminando, quizás las dos últimas asignaturas pendientes y el TFC. Otros, simplemente no, pero el grueso de su formación, por no decir prácticamente la totalidad, unido a su desempeño profesional, los convierte de manera indiscutible en ingenieros.

El contrapunto está en Miguel Tellado, en cuya hoja de vida se identificó, no como licenciado en periodismo, sino como periodista. La realidad es que la mitad de los que estudiaron periodismo nunca acabaron la carrera. Entraron en un medio para hacer las prácticas y ahí se quedaron o fueron pasando de un medio a otro. La otra mitad de los periodistas carecen de formación específica en periodismo, procediendo de extracciones distintas. En el caso que nos ocupa, de Ciencias Políticas y Sociales, dentro de lo que cabe señalar que tuvo que cursar comunicación.

Ahí es donde está el meollo del asunto, en cómo es posible que toda una caterva de trabajadores de una fundación acabase siendo funcionario de la administración autónoma andaluza, aún a sabiendas de que no reunían los requisitos para ocupar plaza, simplemente por la presión de unos sindicatos cómplices de la corrupción.

Aclarado este punto, el bumerán que lanzó Óscar Puente le ha dado de lleno en los dientes con personajes como José María Ángel Batalla, que rememora los caos del doctorado de Sánchez, o el celebérrimo de Luis Roldán. Pero conviene dejar claro que esta es la acción personal de una serie de individuos para los que la Administración contempla unas comprobaciones que omitió, ya sea por confianza, por dejadez, o porque un cargo político obligó al funcionario público a mirar para otro lado so pena de represalias.

Ahí es donde está el meollo del asunto, en cómo es posible que toda una caterva de trabajadores de una fundación acabase siendo funcionario de la administración autónoma andaluza, aún a sabiendas de que no reunían los requisitos para ocupar plaza, simplemente por la presión de unos sindicatos cómplices de la corrupción. La consecuencia es que el gobierno de Moreno Banilla hubo de recurrir a la Justicia -que le ha dado la razón-, para despedir a 23 encufados del PSOE que carecen de la titulación necesaria para ocupar sus puestos.

Rebobinando sobre el tema, el acceso a la función pública se realiza mediante convocatoria en la que se consignan los requisitos obligatorios para acceder al puesto, además de una dura oposición, costosa tanto en tiempo como en dinero y sacrificio, lo que redunda no solo en una mayor democracia, sino en una meritocracia frente a la aristocracia que pone al servicio de la ciudadanía a los mejores.

Pero el problema no está en el sistema, sino que el propio sistema es el problema, desde el momento en el que otro fárrago, en este caso de “sobrinas”, entran en la Administración y empresas públicas, sin llegar siquiera a asistir a su puesto de trabajo o ignorando por dónde queda, sin mayor mérito que el de arrullarle las noches a un exministro o de ser el hermanísimo. Igual sucede con las concesiones y mordidas, porque licitar una obra o servicio constituye una acción en la que participan toda una serie de funcionarios, a lo que se ve presionados, y de libre designados a los que el sistema les permite saltarse las reglas a la torera.

Durante décadas, los distintos gobiernos han aprobado leyes que cada vez limitan y constriñen más al ciudadano, pero pocas o ninguna que limiten a los políticos. De ahí que las medidas anticorrupción propuestas por el PSOE no sean más que una cortina de humo, porque la solución pasa por imponer unas limitaciones a las que deberían estar sujetos los políticos, porque la impunidad alimenta la corrupción.