Propuestas y contrapropuestas

Puede considerarse si la iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer un pacto de Estado sobre emergencia climática fue realizada en un momento adecuado, cuando los bosques de tres comunidades autónomas ardían, se ponían de manifiesto múltiples problemas de gestión y de prevención de los incendios y de coordinación en y con las comunidades autónomas. La propuesta de Sánchez obedece a esa costumbre tan nacional de actuar en caliente, bien sea mediante reformas legislativas o mediante ofertas variadas que corren el riesgo de quedar en el olvido cuando ha acabado el momento de tensión hasta que vuelven a repetirse los mismos errores por no haber sido suficientemente previsores. Sin duda es preciso un pacto de Estado contra las emergencias climáticas, pero acompañado de un estudio serio con la comparecencia de todos los sectores implicados ante unas situaciones que se van a repetir cada vez con más frecuencia bien sea en forma de danas, de incendios, o de fenómenos climatológicos extremos que afectan a la salud y a la vida de las personas.

El PP propone como medida estrella la creación de un registro de pirómanos

Que a la oferta extemporánea de Pedro Sánchez haya respondido el líder del primer partido de la oposición con una contraoferta no menos fuera de lugar demuestra hasta qué punto Alberto Núñez Feijóo banaliza un grave problema que propone abordar con algunas ‘ocurrencias’ que contribuyen a distorsionar sus soluciones, además de aplicar un recetario de medidas que puede llegar a ser contraproducentes y que está cargado de ideología de la misma forma que critica a Sánchez por dogmatismo ecológico. A Feijóo, impelido por el aliento en el cuello de la extrema derecha, hablar de cambio climático le parece innecesario. Con sus cincuenta medidas para evitar un episodio de incendios como el de este mes de agosto, Feijóo ha confeccionado un popurrí en el que se nota más el deseo de confrontar con Pedro Sánchez que de buscar puntos de encuentro y abordar la coordinación de las administraciones, porque se desprende un deseo de aminorar las responsabilidades de las comunidades autónomas que tienen las competencias para la prevención y la lucha contra el fuego para desviarlas hacia el Ejecutivo, junto a unos ofrecimientos necesarios para aliviar al situación de las víctimas de los incendios, que el Gobierno puede hacer efectivos mediate el BOE, pero siempre parecerán escasos a ojos de la oposición.

El PP propone como medida estrella la creación de un registro de pirómanos, aunque se supone que habrá querido decir de incendiarios condenados, que serían vigilados con pulseras telemáticas: una ocurrencia de difícil viabilidad. A la vista de las iniciativas el PP, la pregunta es por qué motivo no se han adoptado muchas de ellas por las CC AA donde gobiernan dado que tienen competencias para hacerlo.

Las sucesivas comparecencias de los ministros concernidos por los incendios llamados al Senado por el PP contrastan con que no hayan sido convocados ninguno de los presidentes autonómicos, lo que pone de manifiesto que la intención de los populares es hacerles responsables de la falta de medios con las que han tenido que actuar. Y sorprende vivamente con que en ninguna de las tres CC AA más afectadas por el fuego, Galicia, Castilla y León y Extremadura, no se haya planteado siquiera la posibilidad de que se aprueben comisiones de investigación en sus asambleas legislativas para determinar porque los incendios de este año han adquirido una dimensión tan desastrosa.