Las propuestas del PP

En una mesa de negociación se sientan, habitualmente, dos partes, cada una con su programa o propuestas de máximos y a lo largo del debate se van acercando posiciones: una de las delegaciones cede en unos aspectos y otra trata de que los sapos que se tiene que tragar no sepan demasiado amargos. Al final, cuando se ha llegado a un acuerdo, y nada está negociado hasta que todo está acordado, según las reglas europeas, se puede conocer bien en qué aspectos se ha salido con la suya cada una de las partes y en qué ha tenido que ceder.

El PP y Vox han alcanzado por fin un acuerdo, tras seis meses de sede vacante en la presidencia del Ejecutivo extremeño desde que se convocó la primera de las elecciones anticipadas del ciclo dispuesto por Génova, hasta que tenga lugar la segunda investidura de María Guardiola como presidenta. El pacto, como era previsible, establece que la vicepresidencia del gobierno quede en manos del candidato de Vox, Óscar Fernández, y además se harán cargo de dos consejerías en las que desarrollar sus guerras culturales, es decir, tratar de aplicar sus propuestas más beligerantes desde las consejerías de Familia, Desregulación y Servicios sociales, que también dirigirá Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, para tratar de amarrar los apoyos de los sectores sociales que son el caladero de votos de la extrema derecha.

En una negociación, nada está acordado hasta que todo está acordado, y el resultado permite ver en qué se ha cedido y en qué cada parte ha impuesto su visión

Por lo que han explicado los dirigentes de Vox, los autonómicos y los nacionales que se encuentran detrás del acuerdo, se restringen los derechos de los inmigrantes en situación irregular, o aunque tengan permiso de residencia, al acceso a prestaciones y servicios sociales, se impedirá la acogida de menores no acompañados, las prestaciones sanitarias quedan supeditadas a las necesidades de los españoles y se aplicarán el resto de medidas antiinmigración propias de su discurso, bajo el principio de prioridad nacional. Conceder a Vox la dirección de las políticas sociales es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Y en la modernísima tarea encomendada de Desregulación, para evitar que los empresarios del sector primario tengan tantas tareas burocráticas tendrán que explicar cómo piensan hacerlo, sobre todo si se trata de optar a los recursos europeos, que por otra parte tanto denigran. Negro sobre blanco está en el acuerdo la denuncia del Pacto verde -no arrancar olivos para poner placas fotovoltaicas-, y la denuncia del acuerdo con Mercosur, aprobados por el Partido Popular Europeo, del que el PP español es la fuerza mayoritaria.

Llegados a este punto cabe preguntarse qué es lo que ha conseguido el PP que ceda Vox, cuáles han sido las materias en las que ha impuesto su visión política y ha rendido las resistencias de quienes van a ser sus socios en la gobernación de la comunidad autónoma, y cuáles han sido los principios a los que no ha renunciado. Lo más notable es que ha conseguido que Vox firme que el acuerdo lleva implícito el apoyo a cuatro presupuestos regionales, lo que garantiza la estabilidad de la legislatura. Al menos sobre el papel. El resto de las medidas acordadas forman parte del acervo de las propuestas de las derechas, conservadoras y ultras, como la reducción de impuestos, hablar de familia solo para fomentar la natalidad, y abolir las leyes de protección LGTBI y de Memoria Democrática. El PP o hace de la necesidad virtud o no hay quién le conozca.

Extremadura marca el camino para los acuerdos en Aragón y Castilla y León y sienta las bases de una cooperación futura a nivel nacional. Al menos los votantes ya saben a qué atenerse.