Puerto Rico merece otro futuro

Puerto Rico lleva más de un siglo vinculado a los Estados Unidos de América. Desde 1898 forma parte de su órbita política. Desde la Ley Jones-Shafroth de 1917 sus habitantes son ciudadanos estadounidenses. Y, sin embargo, en 2026 la isla sigue siendo un “territorio no incorporado” sometido al poder del Congreso federal pero sin voto en las elecciones presidenciales y con una representación limitada (un comisionado residente sin voto) en la Cámara de Representantes. Es difícil imaginar una anomalía democrática más persistente.

En los últimos años, los puertorriqueños han hablado en las urnas con creciente claridad. En el referéndum de 2020, celebrado el 3 de noviembre, el 52,5% votó a favor de que la isla se convierta en un estado más de la Unión. En 2024, en una nueva consulta, la opción de convertirse en el quincuagésimo primer estado volvió a imponerse, superando a las alternativas de independencia o libre asociación soberana. No hay unanimidad, pero sí una mayoría consistente a favor de la integración plena. Hawái fue admitido como estado en 1959 pese a estar a miles de kilómetros del territorio continental. La distancia geográfica nunca ha sido un obstáculo real. Tampoco lo es el tamaño: Puerto Rico tiene más población que varios estados actuales. La única condición sustantiva es la voluntad democrática y la decisión del Congreso. La primera existe. La segunda se demora porque a los republicanos les salen sarpullidos de pensar en un Puerto Rico plenamente integrado en el país. No hay integración ni tampoco la supuesta “libre asociación”. El mal llamado “Estado Libre Asociado” no es, jurídicamente, un caso de libre asociación en el sentido jurídico-internacional. A diferencia de las Islas Cook o Niue, que mantienen acuerdos de libre asociación con Nueva Zelanda con personalidad internacional diferenciada, Puerto Rico no es soberano respecto a su estatus. La isla está bajo la Cláusula Territorial de la Constitución estadounidense. Su condición es más próxima al marco colonial que al de libre asociación.

No se puede hablar de grandeza nacional mientras se mantiene a millones de ciudadanos en una situación de ciudadanía incompleta

La reticencia del movimiento MAGA y del entorno de Trump a normalizar Puerto Rico es muy grave. Trump ha coqueteado con la idea de incorporar Canadá como estado e incluso busca anexionarse Groenlandia, pero ese expansionismo desaparece ante un territorio cuyos habitantes ya son ciudadanos estadounidenses y han manifestado su voluntad de integración. ¿Por qué? En el Partido Republicano se asume que Puerto Rico votaría mayoritariamente demócrata. A ello se suma una incomodidad indisimulada de esos nacionalistas viscerales ante una sociedad hispanohablante y culturalmente latinoamericana. También hay una mayoría católica y no evangélica. Trump ha insultado abiertamente a la isla en más de una ocasión. Otros dirigentes MAGA también. Un conocido cantante boricua, Bad Bunny, ha tenido que aguntar improperios racistas del presidente y su entorno. El rechazo a la opción de devenir estado de la Unión encaja con la visión identitaria de los Estados Unidos que el trumpismo ha cultivado sin complejos. Pero esa actitud es incompatible con los principios que Estados Unidos dice defender. No se puede ignorar la voluntad expresada reiteradamente por la ciudadanía. Tampoco se puede hablar de grandeza nacional mientras se mantiene a 3,2 millones de personas en una situación de ciudadanía incompleta, en una especie de colonialismo imperfecto. Si el temor es que las vecinas Islas Vírgenes, Samoa Americana o Guam pidan lo mismo (pese a que la población es infinitamente menor), tal vez deberían incorporarse todos esos estados o al menos buscarles un acomodo mejor que el actual. La cuestión está ahora en manos del Congreso. Existen proyectos legislativos como el Puerto Rico Status Act que pretenden ofrecer una solución definitiva, pero la polarización política y la falta de prioridad han bloqueado avances sustanciales. Y ni siquiera hay un calendario. El futuro de Puerto Rico depende, en última instancia, de si Washington decide escuchar o sigue haciendo oídos sordos sine die. las demás alternativas son peores. Seguir igual es ir degradando el estatus. La independencia es caer en el mismo caos latino que los boricuas ven con recelo en los países de alrededor. Y la incorporación a España como comunidad autónoma especial nunca ha pasado de ser el sueño húmedo de cuatro “hispanistas” con demasiado ron en el estómago.

Desde una perspectiva moderna y pro-occidental, la respuesta debería ser inequívoca. La soberanía popular importa. Si una mayoría clara y sostenida desea la llamada estadidad, el deber de una democracia es canalizar esa voluntad, no neutralizarla por cálculo partidista. Negar la admisión por temor a cómo votarán los nuevos ciudadanos no es legítimo. Trump y el movimiento MAGA deben abrazar la coherencia o quedará confirmado que su patriotismo es “selectivo”. Puerto Rico no es un experimento geopolítico. Es una comunidad de ciudadanos estadounidenses que ha pedido ser tratada como tal. Si Washington aspira a seguir siendo una referencia de libertad política, no puede ignorar esa petición indefinidamente.