Con Franco enterrado hace casi medio siglo, por lo visto la nueva lucha sindical antifranquista se vive en las fachadas de los colegios gallegos: la CIG activó una campaña para suprimir de los centros educativos “as referencias a persoas cun pasado fascista e que se significaron claramente coa represión da dictadura e apoio ao réxime franquista”. En Ourense la iniciativa apunta al CEIP Condesa de Fenosa de O Barco y al CEIP Calvo Sotelo en Carballiño. En la provincia de A Coruña proporcionan una larga lista de edificios bautizados con los nombres de Sanjurjo de Carricarte, Barrié de la Maza, Manuel Fraga o Jerónimo Sal Lence.
Hay que agradecer el compromiso de la CIG con la democracia en Galicia. Es una lástima que su alianza con los derechos humanos no logre saltar el Atlántico: sin ir más lejos, su responsable de relaciones internacionales, Xose Lois Rivera Jácome, retuitea mensajes de apoyo al régimen castrista. Sorprende también que la firmeza de la central sindical a la hora de pedir el “borrado” de alcaldes y políticos de los años 60 se transforme después en piropos a referentes del totalitarismo comunista. Claro que si estos sindicalistas consideran que “o informe da comisión da ONU sobre a suposta vulneración de dereitos humanos en Venezuela é unha auténtica farsa”, no chirría que se hayan saltado cómo la comunidad educativa del CEIP Sal Lence reivindicó hace años al fundador del colegio coruñés que ahora lleva sus apellidos, recordando que este oftalmólogo militaba en el Partido Galleguista y colaboró en el Estatuto de Autonomía del 36. El Concello de A Coruña ya decidió en su día dejar su figura al margen de la ley de Memoria Histórica pero al parecer no es suficiente para la CIG: este médico llegó a su lista negra por gritar “Arriba España” hace 80 años en la inauguración del colegio pero sesenta años de dictadura cubana o la dramática deriva de Venezuela no logran cuestionar sus homenajes en Santiago o Vigo. Aquí tampoco se salva Carmela Arias y Díaz de Rábago, primera mujer presidenta de un banco en España, reconocida filántropa y condenada por este sindicato al mismo ostracismo público que Fraga.
Los altos estándares de la CIG le impiden siquiera reconocer el indiscutible trabajo a favor de Galicia democrática de ningún personaje con pasado en la dictadura. En cambio sí les permiten participar en el culto al Che Guevara reivindicando su mito y separándolo, es de suponer, de su participación en los “juicios” ya acabada la revolución, los fusilamientos de La Cabaña y el castillo del Morro o la organización de campos de concentración como el de María la Gorda para homosexuales, católicos o disidentes. Los mismos que tienen retratos de Marx o Lenin en las paredes -como se aprecia a la izquierda de la fotografía- de sus oficinas sustentadas con dinero público explican ahora que quieren acabar con “a negra sombra do franquismo”. Seguro que en 2022 o 2023 la CIG volverá a La Habana y a todos esos foros antiimperialistas que frecuentaba antes de la pandemia: allí podrán iluminar a los muy demócratas Raúl Castro y Nicolás Maduro con los detalles de su lucha para acabar con cualquier rastro de represión.
