Cuando el relato se impone a la institución

La condena del fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos no puede presentarse como un acto de defensa institucional. No lo fue. La revelación de información protegida no respondió a la necesidad de salvaguardar el prestigio ni el funcionamiento del Ministerio Fiscal, sino al objetivo de ganar el relato, de controlar el discurso público en un momento determinado.

La institución no estaba amenazada. No había riesgo alguno para la Fiscalía como pilar del Estado de Derecho. Lo que estaba en juego era la narrativa, la conveniencia política y la necesidad de sostener una versión de los hechos frente a la opinión pública. Para ello se cruzó una línea que la ley prohíbe cruzar, y por eso hubo condena.

Las condenas no se reparten, ni las responsabilidades penales se diluyen en nombre de la cohesión corporativa

Defender una institución exige respeto escrupuloso a los límites legales, especialmente por parte de quien la encabeza. Cuando esos límites se vulneran para imponer un marco narrativo favorable, la institución deja de ser un fin y se convierte en un instrumento. Y eso es exactamente lo contrario de defenderla. Desde esta realidad resulta especialmente preocupante, a mi juicio, la iniciativa de la Unión Progresista de Fiscales de pedir a sus asociados que contribuyan económicamente al pago de la multa y de la responsabilidad civil derivadas de una condena penal personal. Esa pretensión es sencillamente inaceptable. No existe justificación institucional, ética, ni jurídica para socializar las consecuencias económicas de un delito cometido para sostener un relato.

Las condenas no se reparten, ni las responsabilidades penales se diluyen en nombre de la cohesión corporativa. Hacerlo transmite un mal mensaje a la ciudadanía: que dentro de la Fiscalía el poder puede amortiguar sus errores y que la ley es negociable cuando el relato lo exige.

La fortaleza del Ministerio Fiscal no se mide por su capacidad de cerrar filas en torno a una condena, sino por su disposición a asumirla. La credibilidad institucional se construye aceptando las resoluciones judiciales, separando con claridad a la persona del cargo y recordando que nadie, ni siquiera el Fiscal General del Estado, puede situar el relato por encima de la ley.