El reto de bloquear la ley Bolaños

Queda un pleno del Congreso antes de que se inicien las vacaciones, y en el mundo político, pero sobre el judicial, la atención está puesta en ese “pleno escoba” que habitualmente se utiliza para aprobar las leyes que el gobierno tiene especial empeño en sacarlas adelante.

En esta ocasión, la llamaba Ley Bolaños, todo un revulsivo sobre el acceso a la carrera judicial. También está pendiente que se decida que sean los fiscales quienes realicen los procesos de instrucción, hoy en manos de los jueces, siguiendo así el modelo habitual en el mundo occidental. Pero ese argumento, que suele utilizar el gobierno de Sánchez, tiene trampa: en el mundo occidental los fiscales no dependen del gobierno, que nombra al Fiscal General del Estado. Lo que significa que la actuación de la fiscalía en las instrucciones, que sería muy aconsejable porque agilizaría sensiblemente los plazos de instrucción, estarían contaminados por la falta de independencia co

La mayoría de los profesionales son contarios a ese intento del sanchismo de controlar la justicia a través de rebajar las condiciones de acceso, y excepto las dos asociaciones consideradas progresistas, el resto se muestran absolutamente en contrarias. También en la UE se ha dejado sentir la preocupación, conocen bien el debate que se vive en España sobre la independencia de la Justicia tras los cinco años de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que finalmente se acordó con la condición de que se aprobara un nuevo modelo de elección de los miembros. Lo que no se ha hecho todavía. Por otra parte, una comisión de la Convención de Ginebra, que viajó a España hace meses y realizó un informe en el que expresaba dudas sobre el respeto a la independencia judicial, regresará a España en octubre para hacer un seguimiento de la situación.

Se comprende que exista temor a que aprueban la ley por la puerta de atrás. Les va la vida en la necesidad de controlar a los jueces.

¿Cual es el miedo? Pues que en España manda un señor cuyo futuro depende de decisiones judiciales. Un señor que no ha dudado en investigar a través de una “fontanera” a miembros de la UCO, que son los que pueden aportar la información que provoque el fin de su gobierno. Sánchez que solo desea que Leire Díez encuentre un caso de corrupción en la UCO. Le basta con uno para desacreditar a toda la UCO y todas sus investigaciones.

Sánchez y su ministro de Justicia no renuncian a que se apruebe la Ley Bolaños. ¿Podrían llevarla al pleno de final de julio?

Las asociaciones judiciales y fiscales han viajado a Bruselas para verse con las autoridades comunitarias y los grupos parlamentarios para explicarles qué pretende la ley. Han sido recibidos por todos los grupos excepto por Socialistas y Demócratas cuya portavoz es la española Iratxe García, que se ha negado. Todo una señal de cómo se las gasta este socialismo sanchista.

Se comprende que exista temor a que aprueban la ley por la puerta de atrás. Les va la vida en la necesidad de controlar a los jueces.