Fernando Jáuregui
Patético
El separatismo de la provincia canadiense de Alberta no es sólo una maniobra del trumpismo. Tiene raíces internas reales y anteriores a su actual formulación. Hay bastante resentimiento contra Ottawa por diversos conflictos, y sobre todo existe un gran rechazo a la política climática federal. Es real la percepción de que Alberta aporta más de lo que recibe mediante el sistema de nivelación fiscal, y es también creciente la sensación de que las provincias centrales condicionan la explotación y exportación del petróleo de Alberta. Ese malestar, conocido desde hace décadas como “Western alienation”, es auténtico. Pero no por ello es menos evidente, e incluso estridente, la actual intervención estadounidense para insuflar un fuerte estímulo, totalmente oportunista, a un movimiento separatista que nunca llegó a organizarse en serio. Varios dirigentes separatistas albertanos se han reunido ahora en Washington con funcionarios del Gobierno Trump, mientras figuras del entorno MAGA han presentado a Alberta como socio natural de su país y candidato a salirse de Canadá. Trump, interesado en debilitar a cualquier precio la cohesión canadiense, busca dañar al vecino del norte acercando a su órbita una provincia con enormes recursos energéticos. Sin embargo, la mayoría de los separatistas declara que en realidad lo que desearía es un Estado independiente, no convertirse en un simple estado más de los EEUU.
El arraigo del separatismo es real pero minoritario, fluctuante y muy inferior al del soberanismo quebequés. Una encuesta de Ipsos situó en enero la disposición inicial a apoyar la separación en el 28 % en Alberta, frente al 31% de Quebec. Pero al detallarse los costes probables -incertidumbre comercial, pensiones, moneda, deuda o inversión-, el apoyo caía aproximadamente al 15-16% en ambas provincias. En junio, otra encuesta redujo el voto separatista directo en Alberta al 18%, diez puntos menos que en enero. Sólo el 19% apoyaba entonces iniciar el procedimiento para celebrar un referéndum vinculante. Se ve así una diferencia importante entre el descontento territorial y la voluntad efectiva de secesión. Muchos albertanos emplean la amenaza independentista como un instrumento de presión sobre Ottawa, pero retroceden cuando se plantean sus consecuencias materiales. Quebec siempre llegó mucho más lejos. Alberta carece de una lengua propia diferenciada, de una memoria nacional comparable y de un partido separatista fuerte. Su movimiento es más económico, fiscal y reactivo que cultural o nacional. Es más una revuelta contra el poder federal canadiense que un proyecto nacional maduro.
El arraigo del separatismo es real pero minoritario, fluctuante y muy inferior al del soberanismo quebequés
El asunto ha dejado de ser meramente retórico. Hay dos procesos relacionados, pero distintos. Por una parte, una iniciativa ciudadana ha presentado una petición formal de plebiscito con la pregunta directa de si Alberta debe abandonar Canadá. Los organizadores aseguran haber entregado más de trescientas mil firmas, casi el doble de las exigidas. La petición fue anulada inicialmente por un tribunal, principalmente por cuestiones constitucionales y por no haberse consultado a las “primeras naciones” (las comunidades indígenas), como es preceptivo. Tras la apelación y mediante la suspensión parcial de aquella sentencia, la autoridad electoral provincial Elections Alberta comenzó a verificar las firmas a primeros de julio.
Por otra parte, el Gobierno provincial presidido por la “premier” Danielle Smith ya ha convocado para el 19 de octubre de 2026 una consulta, pero no vinculante. No preguntará directamente si Alberta desea independizarse, sino si debe seguir siendo una provincia canadiense o si el Gobierno debe iniciar el procedimiento constitucional necesario para celebrar después un referéndum vinculante sobre la separación. Smith afirma que desea que Alberta permanezca en Canadá, pero ha facilitado políticamente la consulta y ha convertido el separatismo en una palanca de negociación frente al Gobierno federal. Hay que recordar que Smith es conservadora y el Gobierno federal del actual primer ministro Carney es liberal, por lo que una parte del problema obedece en realidad a una mera pugna entre formaciones políticas opuestas.
Y otra gran parte es la fortísima injerencia externa de un Gobierno enloquecido en Washington, que intenta por todos los medios hacerse con Canadá, “el estado 51”, así como con Groenlandia. Cortejar, visibilizar y quizá financiar el separatismo en un territorio del enemigo no es, de ninguna manera, una estrategia novedosa. Lo novedoso es que un Gobierno de los Estados Unidos considere enemigo al gran país vecino que le ha apoyado históricamente en todos sus conflictos internacionales. El nacional-populismo que encarna el movimiento MAGA es tan tóxico que lo contamina todo, incluso la relación históricamente excelente de los Estados Unidos con Canadá. Trump cree que puede actuar respecto a Alberta como en su día lo hizo Rusia respecto a Crimea. Cambiarían las formas, claro, pero el objetivo sería el mismo: una ampliación del propio territorio a costa de los vecinos. De Crimea, a toda Ucrania. De Alberta, a todo Canadá.
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