José Manuel Torralba
El robot mayordomo
Una de las cuestiones políticas más importantes no es quién manda. La cuestión relevante es qué idea tenemos del poder. Una sociedad libre parte de una cautela básica. Quien manda sobre otros debe justificar muy bien por qué lo hace y hasta dónde puede hacerlo. Cuando esa cautela desaparece, empieza a abrirse paso otra idea. El poder público pasa a verse como una instancia moralmente superior a las personas concretas a las que gobierna.
Ese es uno de los errores más dañinos de nuestro tiempo. Hemos aceptado con una facilidad irresponsablemente pasmosa que el Estado representa algo más alto, más noble o más digno que el ciudadano corriente. Como si ocupar un ministerio, un escaño o un despacho oficial te ungiese alguna suerte de sustancia que imprimiera un halo inaccesible al común de los mortales. Esa ficción está en la base de muchos de nuestros males políticos.
Los gobernantes no pertenecen a una categoría humana distinta. No son más sabios, ni más virtuosos, ni más decentes. Son personas normales, con intereses, incentivos, ambiciones, errores y límites, igual que cualquiera. La diferencia no está en su calidad moral. La diferencia está en el poder del que disponen. Ellos pueden convertir sus errores en normas, sus prejuicios en políticas y sus intereses en obligaciones para millones de personas.
Por eso hay que vigilarles constantemente. La libertad no necesita una justificación extraordinaria. Quien tiene que justificarse es el poder, porque actúa sobre nosotros coartando nuestra libertad. La política importa por eso. Importa porque unos pocos deciden sobre la vida de todos. Cuando se olvida ese hecho, el Estado deja de verse como una estructura que debe estar vigilada y limitada. Empieza a verse como una autoridad benévola cuya intervención merece confianza por defecto.
La consecuencia de esto es gravísima. Los derechos dejan de entenderse como límites frente al poder y pasan a verse como concesiones del poder. El mundo al revés. En ese momento dejan de ser derechos en sentido fuerte. Se convierten en permisos revocables. Hoy se toleran. Mañana se restringen. Hoy se presentan como garantía. Mañana se subordinan a cualquier urgencia política, social o ideológica que el gobernante considere prioritaria.
Además, el poder tiene una inclinación muy conocida. Crea problemas, los agrava o impide que se resuelvan. Después utiliza ese mismo desorden para pedir más control, más atribuciones y recaudar más dinero. La trampa está en que nunca se presenta como causante del daño, sino como su supuesto remedio. Y demasiada gente acepta ese círculo porque ya ha concedido al poder una superioridad moral que no merece.
Ser un ciudadano crítico consiste, antes que nada, en negarse a atribuir al poder una dignidad moral que no tiene. Consiste en recordar que nadie se vuelve mejor por mandar, ni más justo por legislar, ni más sabio por ocupar un cargo. Cuando una sociedad olvida eso, los ciudadanos dejan de ser personas libres y pasan a ser rebaño administrable. Pasamos de ser la fuente de la que emana el poder a ser meros súbditos de ese poder, y es cuando acabamos teniendo a puteros de ministros y a porteros de casas de putas gestionando mordidas del dinero de todos.
Es nuestra culpa, exclusivamente nuestra. Porque en algún momento olvidamos que tenemos la obligación de cuestionar el poder todos y cada uno de los minutos de nuestra vida. Porque cuando respetamos demasiado al poder, estamos demasiado cerca de obedecerlo. Y porque a los que ejercen el poder hay que recordarles cada día que están aquí para servir, no para mandar.
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