Si el fiscal general dimite

Todo el mundo, España entera, los jueces y fiscales, los ciudadanos que se presumen informados aunque no lleguen a comprender todos los vericuetos de las instrucciones judiciales, los que hablan después de las tertulias, quienes ya han dictado sentencia y los que consideran que a veces los jueces se extralimitan en sus instrucciones se dividen en dos: aquellos que consideran que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir con carácter inmediato si él y la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, se tienen que sentar en el banquillo por el presunto delito de revelación de secretos -cuando se puso de manifiesto que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, era un delincuente confeso- y quienes estiman que debe aguantar porque si no habrían ganado el relato quienes le han señalado por tratar de enmendar una mentira.

Si García Ortiz se sienta en el banquillo será toda la fiscalía quién vea menoscabado su trabajo y su prestigio

De nuevo las dos Españas, los jueces y fiscales conservadores y progresistas y los cuñados se encuentran en las antípodas. Unos aseguran que ver a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo supone una situación institucional insostenible, porque se le considera un actor preeminente en la revelación del secreto de un ciudadano particular, que tiene derecho a ocultar que ha defraudado a Hacienda. Si García Ortiz se sienta en el banquillo será toda la fiscalía quién vea menoscabado su trabajo y su prestigio. Quienes le animan a resistir ponen el acento en que la instrucción del sumario ha estado plagada de decisiones cuestionables, comenzando por la entrada y registro en su despacho y el volcado del contenido de todos sus aparatos tecnológicos, en los que se encontraban datos de las operaciones delictivas de los últimos tiempos. Es de esperar que el Tribunal Supremo haya sido capaz de taponar cualquier riesgo de filtración.

La dimisión del fiscal general del Estado, que parece lógica por cuanto sentarse en el banquillo es el límite que suele establecerse para que los investigados puedan, en unos casos defenderse mejor y en otros, salvaguardar las organizaciones a las que pertenecen, sería irreversible, Pero si lo hace, para la parte alícuota que le apoya porque le considera víctima de una operación político-judicial, supondrá que no solo ha perdido el relato de la verdad real sino que una vez cobrada la pieza de caza mayor, será lo de menos lo que decidan los jueces del Supremo y en su caso el Constitucional.

Los jueces y fiscales, con su aura de imparcialidad, legalidad y sensatez tienen también un punto humano en el que desempeña un papel fundamental su ideología y aún otras características más mundanas, y puede afirmarse que existe un sector de la judicatura y de la fiscalía que a Álvaro García Ortiz ‘le tiene ganas’, porque sus nombramientos han estado orientados hacia un lado y con algunos de ellos ha desafiado al Supremo.

Es posible que a pesar del apoyo que recibe del Gobierno, de que la instrucción del juez Ángel Hurtado tenga lagunas insondables, Álvaro García Ortiz, termine presentando su dimisión por respeto a la institución que representa. Pero el Gobierno seguirá teniendo la potestad del nombramiento de su sucesor, que a buen seguro seguirá sin ser del agrado de la mayoría de jueces y fiscales y volverá a ser objeto de la misma campaña de desprestigio. Al tiempo. Como si los que fueron nombrados por gobiernos del PP hubieran sido seres beatíficos.