Una solución demorada

El tiempo da la medida de la solución de los conflictos, y en el caso de la entrada de decenas de miles de migrantes irregulares de los días finales del mes de julio en Ceuta, el Gobierno lanzó la idea de que el problema se había resuelto después de que la gran mayoría de ellos hubiera decidido tomar el camino de regreso a Marruecos por su cuenta. Una inmensa minoría, sin embargo, decidió permanecer en la ciudad, especialmente personas de origen subsaharianos y menores no acompañados. Con el paso de los días la situación que se decía resuelta ha adquirido su verdadera dimensión a medida que se ha realizado un recuento más pormenorizado por distintas vías y se han hecho más patentes las circunstancias que conllevan su presencia en las calles de Ceuta, dada la imposibilidad de encontrar un alojamiento para todas ellas, con las secuelas de materia de salubridad y seguridad, o en la sensación de inseguridad.

Ni la avalancha de migrantes irregulares se había resuelto en los primeros días, ni las promesas de que todos aquellos que entraron vulnerando la frontera de la ciudad española serán devueltos a Marruecos responden a la realidad. Se trató de minimizar el número de migrantes que quedaban en Ceuta y ahora se trata de maximizar que todos realizarán el camino de vuelta, cuando lo prioritario, con arreglo a la ley de extranjería, es saber cuántos de ellos han solicitado algún tipo de protección, cuáles podrán ser devueltos después de que se hayan incoado las diligencias previstas y mientras Marruecos muestre buena disposición a recibirlos. Pero las tramitaciones van para largo dada la dimensión del asunto. El tratamiento para los menores no acompañados va por otro lado y para determinar el alcance de esta crisis es preciso, conocer su número, lo que todavía está por determinar con certeza para luego proceder a aliviar la situación de Ceuta con su asignación a otras comunidades autónomas. Que la distribución por toda España de un número de menores que puede alcanzar, según algunas estimaciones al alza, el número de 5.000 sea una dificultad cuando el país se acerca a los cincuenta millones de habitantes y representan el 0,01 de la población, solo puede deberse a cuestiones ideológicas como las manifestadas por Vox y secundariamente por el PP. Las autoridades marroquíes han demandado que todos los menores sean devueltos a su país. La exigencia, que tiene su lógica social y política, después de haberlos desatendido y provocado o aceptado su marcha del país, choca con la legalidad española e incluso con los deseos de los propios menores que prefieren quedarse en los centros de acogida españoles. Tampoco hay mucha constancia de que las propias familias marroquíes quieran que los niños vuelvan a su hogar.

Por tanto, para que la avalancha sobre Ceuta se dé por resuelta, se debe conocer de forma fehaciente el número de los migrantes que aún quedan en la ciudad española cuáles pueden ser devueltos a la frontera con unos trámites rápidos y quienes deberán ser acogidos hasta que se resuelva su situación personal y el número de menores, Los acuerdos firmados entre España y Marruecos deben ser el mecanismo que engrase ese procedimiento y de las prisas que se den las autoridades españolas en el cumplimiento de los procedimientos garantistas se estará más cerca del final de la crisis. Y entre tanto el Gobierno ha de responder con rapidez a las carencias que en materia sanitaria y de seguridad se han destapado con la avalancha.

En el río revuelto de la crisis vuelven a entrelazarse las posiciones distintas y complementarias de los ministros de Exteriores y del Interior con la de la ministra de Defensa, respecto a Marruecos. Mientras que los primeros hacen guiños al régimen alauita sobre la buena colaboración entre ambas administraciones y la disposición a aceptar la devolución de los migrantes procedentes de su territorio, Margarita Robles es la encargada de responder a las autoridades marroquíes que han vuelto a reclamar la marroquinidad de Ceuta y Melilla, lo que hace que la preocupación migratoria pase a un segundo término frente al ataque a la integridad nacional y a la defensa de la españolidad de ambas ciudades españolas en la que la razón política e histórica se encuentra de parte de España. Y aún quedan por concretar qué medidas de respeto a la posición española puede exigir el Gobierno en el cumplimiento de los acuerdos en vigor que Mohamed Vi ignora.