Una “verdad” bajo sospecha

El nombramiento de Baltasar Garzón al frente de una denominada Comisión de la Verdad no es solo discutible: resulta difícil no verlo como un ejercicio de cinismo político. Si de verdad se pretendiera construir un órgano creíble, respetado y capaz de generar consensos, elegir a una figura con un historial tan controvertido parece, como mínimo, una provocación.

No se trata aquí de cuestionar únicamente sus posiciones ideológicas o su estilo judicial, ya de por sí objeto de intensos debates durante décadas. El problema es más grave y más evidente: Baltasar Garzón fue condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo, lo que supuso su expulsión de la carrera judicial. Es decir, no estamos hablando de una figura discutida sin más, sino de alguien que fue inhabilitado precisamente por dictar resoluciones injustas a sabiendas. Y esa circunstancia no es un matiz menor que pueda obviarse en aras de una supuesta experiencia o prestigio internacional.

La pregunta es inevitable: ¿qué credibilidad puede tener una Comisión de la Verdad presidida por alguien condenado por vulnerar los principios más básicos del Estado de derecho? La ironía es difícil de superar. Se pretende erigir un órgano que determine relatos, responsabilidades o interpretaciones históricas bajo la dirección de quien fue sancionado por apartarse de la legalidad. No es solo una contradicción; es una deslegitimación de origen.

Lejos de contribuir a la reconciliación o al esclarecimiento, decisiones como esta parecen diseñadas para alimentar la confrontación

Sus defensores argumentarán que su trayectoria incluye hitos relevantes, como la persecución de crímenes internacionales o su protagonismo en causas mediáticas. Pero incluso aceptando esa parte del relato, lo cierto es que su figura nunca ha sido neutral ni conciliadora. Garzón ha sido siempre parte del conflicto, nunca un punto de encuentro. Y eso, precisamente, es lo contrario de lo que debería exigirse a quien lidere un proceso que aspire a establecer una verdad compartida.

Más aún, este tipo de comisiones, en el contexto de una democracia consolidada, ya generan dudas de por sí. Cuando existen tribunales independientes, historiadores y libertad de investigación, la creación de una “verdad oficial” suena peligrosamente cercana a la construcción de un relato político. Si, además, quien encabeza ese esfuerzo es una figura tan polarizadora y jurídicamente cuestionada, el resultado es previsible: desconfianza, rechazo y una mayor fractura social.

Lejos de contribuir a la reconciliación o al esclarecimiento, decisiones como esta parecen diseñadas para alimentar la confrontación. Porque no basta con invocar la palabra “verdad” para que esta exista; la verdad, en una sociedad libre, requiere rigor, pluralidad y, sobre todo, credibilidad. Y ese es precisamente el elemento que este nombramiento compromete desde el primer momento.

En definitiva, si el objetivo era reforzar la confianza en las instituciones y promover una mirada serena sobre el pasado, el camino elegido parece el menos adecuado. Y si no lo era, entonces quizá estemos ante algo mucho más preocupante: el intento de revestir de legitimidad institucional lo que no deja de ser una operación profundamente política.