Nos toman por tontos

El Gobierno, por boca del tri ministro Félix Bolaños, celebraba como un triunfo que el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera concluido que la Ley de Amnistía aprobada en 2024 es compatible con el Derecho europeo.

El mismo letrado añadía que la citada ley no fue una auto amnistía en clara ignorancia u olvido de que en su día trascendió que Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia y uno de los principales beneficiarios de la ley, había participado en la redacción de la norma.

Esta es la historia de la maniobra política que aclara el origen y explica la Ley de Amnistía, norma que contó con el rechazo de buena parte de las asociaciones de jueces y fiscales así como de personalidades relevantes de la vida política nacional

Los españoles -y en primer lugar los ministros del Gobierno- conocen perfectamente que el objetivo que impulso la ley y su precio político fue conseguir el apoyo de los diputados de ERC y los de Junts, el partido que lidera Puigdemont, a la investidura de Pedro Sánchez. La justificación de la necesidad de tal ley como instrumento para contribuir a la pacificación de Cataluña -argumento que hace suyo el mencionado letrado- no oculta la verdadera razón de ser una amnistía forzada por la precariedad parlamentaria del PSOE. Un borrado general de delitos con el que no estaba de acuerdo ni Pedro Sánchez hasta la víspera de las elecciones legislativas del 23J cuando, a pesar de haber perdido los comicios -el vencedor fue el PP-, descubrió que, sumando los diputados de otros partidos, entre ellos los de Junts eran más.

Esta es la historia de la maniobra política que aclara el origen y explica la Ley de Amnistía, norma que contó con el rechazo de buena parte de las asociaciones de jueces y fiscales así como de personalidades relevantes de la vida política nacional. Que ahora el ministro Bolaños celebre el dictamen del letrado de la Unión y que, según algunas fuentes, muestre síntomas de euforia confiando en que, con pie en esa resolución, el Tribunal Constitucional, con Cándido Conde Pumpido al frente, revalide la constitucionalidad de la ley no anula el recuerdo del origen torticero de una norma que tuvo en contra a buena parte de la opinión pública española. Hay que aceptar el dictamen pero que no nos tomen por tontos.