Trump y el regreso de la pena de muerte

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha firmado un memorándum dirigido al Departamento de Justicia para restablecer la pena de muerte en Washington D.C. Quien hace pocos días fantaseaba ante la ONU con que sus dos periodos en la Casa Blanca bien merecen un premio Nobel de la Paz, justificaba horas después esta medida por lo que ha determinado como una “emergencia del crimen”. Así, homicidios y otros delitos graves volverán a ser castigados con la pena máxima.

De poco ha servido que en 1972 el Tribunal Supremo anulase esta forma de castigo en el Distrito de Columbia y en 1981 el Ayuntamiento de Washington D.C. lo aboliese por completo, si hoy Trump ordena a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que apliquen “por completo” esta pena cuando los delitos así lo requieran, aunque el memorándum no aclara exactamente de qué delitos se trata.

Como la mayoría de las decisiones que toma el mandatario estadounidense en este segundo mandato, revivir la pena de muerte en Washington D.C. plantea graves interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales. No solo el peligro de errores judiciales como condenas injustas, pruebas defectuosas o sesgos raciales es real y la pena capital irreversible, sino que tampoco hay evidencia suficiente de que la pena de muerte funcione como un disuasorio eficaz frente al crimen grave.

Esta medida erosiona todos los principios de dignidad humana en un contexto global en el que parecía claro que la tendencia debe ir en la dirección de erradicar la pena de muerte en todo el mundo y no lo contrario. Pero la decisión de Trump no debe entenderse solo como una política pública, sino también como un signo del giro ideológico y simbólico hacia un discurso de mano dura que apela al miedo y al orden, como se lleva meses viendo con las deportaciones masivas y el trato estigmatizado a las personas migrantes.

Restablecer la pena de muerte en lugares donde ya había sido abolida no solo es una decisión errónea moralmente; eso cae por su propio peso. Es que, en la práctica, con toda probabilidad, también empeorará la confianza en las instituciones y la justicia y convertirá en aún más vulnerables a las personas que viven en los márgenes de la sociedad estadounidense. La mano dura no puede primar sobre las políticas preventivas y efectivas contra el crimen, porque ningún Estado será un lugar más seguro por el hecho de matar a sus peores criminales, porque una sociedad más segura no se logra con la horca, sino con justicia social e institucional.