Las zonas de bajas emisiones

Tuve la oportunidad en el Congreso de los Diputados de explicar las diferencias entre los modelos políticos que representan el PP, el PSOE y Vox. Fue en un caso concreto: las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios españoles. Contrapuse la visión centralizadora y rígida del Gobierno socialista-comunista y la propuesta de derogación total que plantea el partido de Abascal. Todo porque España necesita reformas sensatas, no bandazos legislativos.

Nosotros consideramos que las ZBE no son un problema en sí mismas, sino que el debate debe centrarse en su adecuada implantación. Defendemos una aplicación progresiva, adaptada a las circunstancias de cada municipio, que proteja la salud de los ciudadanos sin perjudicar a las familias de rentas medias y trabajadoras, incorporando excepciones, calendarios razonables y alternativas eficaces de transporte publico. Por eso rechazamos tanto las imposiciones del Gobierno de P.S. como los planteamientos simplistas de Vox ante una cuestión compleja.

En la génesis de este escenario situamos el principio de prevención: ante la duda, la salud está por encima de todo, pese a quien nos pese y pese a que defendamos la libertad de circulación. Las ZBE no son un capricho ideológico ni una ocurrencia administrativa. Son una herramienta respaldada por la evidencia científica para reducir la contaminación atmosférica en las ciudades, mejorar la calidad del aire y proteger especialmente a los colectivos más vulnerables: los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Las ZBE forman parte de una normativa ya aprobada y de unos compromisos adquiridos por España. Pretender ahora suprimir de forma generalizada esta obligación supone generar incertidumbre jurídica para los ayuntamientos que ya han realizado inversiones, han aprobado ordenanzas y han planificado actuaciones conforme al marco legal vigente.

También debemos decir con claridad que la implantación de estas zonas no puede hacerse de cualquier manera. Discrepamos profundamente con el Gobierno de España porque ha optado demasiadas veces por imponer criterios uniformes desde Madrid, sin tener suficientemente en cuenta la realidad de nuestros municipios. No es lo mismo una gran capital que una ciudad media, una localidad turística o un municipio con una configuración urbana específica… las soluciones deben adaptarse a las circunstancias de cada territorio.

No estamos de acuerdo con las políticas ideológicas y demagógicas del Gobierno de Sánchez, pero tampoco con el populismo y el negacionismo de Vox. Nuestro objetivo es hacer compatible la agenda climática con la económica. También la economía tiene que observar la preservación de nuestro medio ambiente. Trabajamos para combatir el cambio climático y defendemos una transición justa. Justa en la implantación en el tiempo, flexible en su ejecución y que no suponga una carga en el bolsillo de los españoles.

La postura de Vox supondría dar un paso atrás en la protección de la salud pública, en la lucha contra la contaminación y en el cumplimiento de los compromisos que España ha asumido con sus ciudadanos y con Europa. Derogar esta obligación no sólo generaría un retroceso ambiental sino que significaría dar la bienvenida a la inseguridad jurídica y comprometer el acceso a fondos y programas vinculados a la transición ecológica y la movilidad sostenible.

Instamos al Gobierno a la aplicación de las zonas de bajas emisiones de forma gradual y justa, sin penalizar a las familias de rentas medias y trabajadoras, contemplando excepciones y también calendarios adaptados. Impulsando el transporte público con soluciones reales. Poniendo salud y movilidad en equilibrio. Las zonas de bajas emisiones necesitan planificación, no la demagogia ni las imposiciones del Ejecutivo de Sánchez.

La política responsable no consiste en negar los problemas. Porque la contaminación urbana existe. Sus efectos sobre la salud existen. Y los poderes públicos tenemos la obligación de actuar. Lo que debemos discutir es cómo hacerlo mejor, no si debemos renunciar a hacerlo. Por eso defendemos que los ayuntamientos dispongan de flexibilidad para diseñar sus ZBE, para proteger a los vecinos, a los autónomos y a los pequeños comerciantes, y para garantizar alternativas de movilidad eficaces antes de introducir restricciones.

Se trata de actuar con rigor, con seriedad y con responsabilidad. Desde el Gobierno de la inmensa mayoría de Comunidades Autónomas y entidades locales de España, diseñando las ZBE con sensibilidad social. Este debate no puede plantearse en términos simplistas. No se trata de elegir entre medio ambiente o economía, entre salud o movilidad, entre libertad o regulación. Porque la obligación de quien gobierna es encontrar equilibrios razonables que permitan proteger la salud de los ciudadanos sin perjudicar innecesariamente su actividad diaria.

La palabra clave es la flexibilidad. El PP cree en una transición medioambiental compatible con el crecimiento económico, con la libertad de movimiento y con la realidad social de las familias españolas. Creemos en políticas eficaces, proporcionadas y evaluables… Y creemos también en el respeto a la autonomía local para que cada municipio pueda desarrollar las soluciones más adecuadas para sus vecinos. La cuestión de fondo es sencilla: ¿queremos ciudades más limpias, más saludables y más preparadas para los desafíos del futuro, o queremos volver a modelos que ya han demostrado sus límites? Nuestro grupo lo tiene claro… seguiremos trabajando para que las ZBE sean instrumentos útiles, proporcionados y adaptados a nuestra realidad.