Apatrigal lleva ante la Fiscalía el derribo de la Casa de Baños

El derribo que el Concello de Ourense comenzó a ejecutar hace ahora una semana en la Casa de Baños de Ourense ha comenzado su recorrido judicial. La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) ha registrado un escrito ante la Fiscalía, pidiendo que se abra una investigación que determine “ quién ordenó, autorizó o permitió la continuación de los trabajos después de la intervención de Patrimonio, así como las fechas concretas en que se produjeron las distintas fases de demolición”.

As Leis obrigan a calquera titular, a calquera propietario, a manter as súas propiedades en debidas condicións de eh seguridade"

“Incluímos no escrito tanto a demolición coma o abandono”, matiza Carlos Coto, portavoz de Apatrigal y firmante del documento. “É un edificio de propiedade municipal, e a Lei do Solo e a Lei de Rehabilitación de Galicia obrigan a calquera titular, a calquera propietario, a manter as súas propiedades en debidas condicións de eh seguridade”, añade Coto, recordando que “non falamos dun edificio calquera. Nin sequera eh un edificio do centro histórico, senón que é un Ben de Interese Cultural, un BIC”, que cuenta con una protección semejante “á catedral ou a un castelo”.

El escrito presentado en Fiscalía relata la sucesión de acontecimientos desde que, en 2007, la Casa de Baños fuera incluida en un conjunto arquitectónico que goza de la categoría de Bien de Interés Cultural; indicando que “durante años se produjo un progresivo deterioro del edificio y la desaparición de elementos de interés patrimonial, sin que, según la documentación aportada, se adoptasen las medidas de conservación necesarias”.

También resalta la denuncia de Apatrigal que “existen fotografías y documentación gráfica que acreditan que los trabajos de demolición continuaron o fueron reanudados” tras la orden de paralización de la dirección xeral de Patrimonio, “produciéndose una destrucción adicional del inmueble”.

La desobediencia, clave

Calquera actuación, calquera obra, retellar, cambiar as ventás… nun edificio que sexa BIC, require a autorización previa e vinculante da dirección xeral"

En este punto reside, a juicio de Carlos Coto, la clave para pedir la intervención del Ministerio Público, pues al haber desobedecido el Concello la orden de parar las obras, y que las excavadoras siguieran funcionando, no sería el mismo escenario que una demolición de emergencia, tal y como ha defendido hasta ahora el gobierno municipal. “Resulta imprescindible investigar si las actuaciones respetaron los límites”, indica el escrito.

“Calquera actuación, calquera obra, retellar, cambiar as ventás… nun edificio que sexa BIC, require a autorización previa e vinculante da dirección xeral”, indica Coto, quien recuerda que no consta ningún aviso oficial por parte del Concello antes de emprender la demolición, y que “Patrimonio paralizou as obras e mandou á Policía Autonómica a investigar, que son responsables do patrimonio en Galicia”.

Daños irreparables

La denuncia presentada por Apatrigal viene acompañada por las inspecciones realizadas por la asociación sobre el terreno, que les han permitido constatar “importantes superficies de muros desaparecidas, elementos constructivos y arquitectónicos depositados entre los escombros como la rejería de fundición histórica elaborada por la Fundición Malingre, maquinaria y huellas de maquinaria y una pérdida considerable de la configuración física del edificio”.

Por todo ello, creen que la actuación encaja en los supuestos descritos por los artículos 321 y 322 del Código Penal, donde se establecen tanto la obligación de reparar los daños como la atribución de responsabilidades a quienes hubieran autorizado la intervención.

“É unha das xoias do patrimonio ourensán, obra de Daniel Vázquez Gulías, un edificio senlleiro do Modernismo”, señala Carlos Coto, quien también cree que “o que deberíamos facer é mantelo, porque non quedan moitas mostras deste movemento”.