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23 AÑOS DE CÁRCEL
El juicio oral contra los progenitores de la bebé que ingresó en la UCI en diciembre de 2022 fue aplazado hasta octubre. La decisión se tomó tras la renuncia del abogado del padre, Julio Alberto G., quien justificó su salida por “desavenencias con el cliente”.
La Fiscalía solicita penas que suman 23 años de cárcel para cada progenitor: tres años de cárcel por un delito de maltrato habitual y veinte años por cuatro delitos de lesiones (cinco años por cada uno). El Ministerio Público reclama, de igual forma, la inhabilitación de la patria potestad durante cinco años y una orden de alejamiento de diez. Según la versión fiscal, los hechos ocurrieron en el domicilio familiar de Xinzo.
El informe forense incorporado a la causa detalla que la paciente, de tan solo dos meses en la fecha de ingreso, presentaba fracturas craneales, hemorragias cerebrales, una lesión en la médula espinal, costillas rotas y fracturas en las extremidades inferiores.
Los peritos identificaron lesiones en diferentes estadios de consolidación, lo que sitúa los episodios entre los meses de octubre y diciembre. El documento médico concluye que el diagnóstico es compatible con el “síndrome del niño maltratado”, descartando de forma tajante traumatismos de baja energía. La recuperación física de la menor requirió un total de 365 días, tras un periodo inicial de 12 días en cuidados intensivos.
Frente a la acusación, los padres mantienen su inocencia. En la fase de instrucción declararon que acudían a las revisiones pediátricas sin que se detectaran marcas previas en la menor. Como explicación al cuadro clínico, las defensas sugirieron la posibilidad de un aplastamiento durante la práctica del colecho o señalaron a una vecina que cuidó de la niña durante veinte minutos, una hipótesis que la Guardia Civil ya descartó.
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