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TERMALISMO
La junta de gobierno del Concello de Ourense prevé aprobar hoy inicialmente el proyecto de ordenanza municipal reguladora del servicio y los precios públicos de la piscina termal de As Burgas. Con este movimiento, el gobierno local da el paso definitivo para regular el acceso e implantar el cobro de entrada en estas instalaciones, que llevan fuera de servicio casi seis años (desde marzo de 2020). El Concello había barajado hace meses precios de 8 euros por entrada individual, 25 por un bono mensual y 30 por un bono de 10 usos.
Por otra parte, las arcas municipales deberán desembolsar 33.538 euros adicionales a la constructora Extraco. Este pago corresponde a una “revisión excepcional de precios” aprobada para las obras de acondicionamiento de la avenida Pardo de Cela, adjudicadas originalmente en 2021, reconociendo el encarecimiento de materiales en aquel periodo.
El apartado judicial ocupará gran parte de la sesión. El Concello acata una sentencia que le obliga a abonar a un bombero los atrasos generados por el impago de los pluses de nocturnidad y festividad correspondientes a los períodos de vacaciones y bajas por enfermedad desde el año 2016. Del mismo modo, el gobierno local desiste de pelear otro fallo judicial que condena a la administración a pagar las diferencias salariales a un empleado que estuvo realizando funciones esenciales de un puesto de categoría superior al suyo.
Más complejo es el litigio relativo al puesto de Coordinador de Participación Ciudadana, derivado de un concurso de 2019 anulado por la justicia. Una nueva sentencia obliga ahora al Concello a indemnizar a una aspirante con las diferencias retributivas y de cotización de tres años (2019-2022). En este caso concreto, la Asesoría Jurídica ha propuesto sí recurrir el fallo en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Por último, en el ámbito urbanístico, el Concello recibió una sentencia favorable respecto a dos locales de la rúa Ervedelo -Pub Kinley y Club Haway-. El juzgado ha desestimado la demanda de una empresa que solicitaba declarar la caducidad de las licencias de apertura por falta de actividad. El Concello defendió que, al estar los locales precintados por orden municipal, ese cierre forzoso no computa para declarar la caducidad de los permisos, que por tanto se mantienen vigentes.
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