El Concello de Ourense no tiene constancia de ningún edificio okupado
Juntas de Área
El gobierno local de Ourense niega la existencia de edificios públicos okupados mientras el PP denuncia el recorte de plazas en las actividades de conciliación familiar de verano. Además, el Concello asegura que se prepara una retención de crédito para el desescombro de la Casa de Baños
La situación de los inmuebles okupados y abandonados de la ciudad volvió al primer plano durante las juntas de área del Concello. El gobierno municipal, ante la insistencia de la oposición, alegó que no tienen constancia a día de hoy de ningún edificio público okupado en Ourense, si bien se ha detectado que hay algunas personas sin hogar que pernoctan en las instalaciones del Campo da Feira, atribuyendo la responsabilidad de este hecho al área de Servicios Sociales.
Al mismo tiempo, se garantizó a la oposición que los okupas de la Praza da Trinidade habían sido ya expulsados, y el espacio donde dormían había sido sellado, manteniéndose vigilancia en la zona para evitar retornos.
Durante el encuentro, los responsables de la administración Jácome también adelantaban que ese está preparando una retención de crédito para sufragar la limpieza y desescombro de la Casa de Baños, que se incendió hace un mes, mientras estudian algún programa autonómico o nacional que permita obtener fondos para su reconstrucción. La administración Jácome cargó en este sentido contra la Xunta de Galicia por no dar al inmueble en su momento una concesión de aprovechamiento para las aguas termales, lo cual dificultará esta tarea.
Conciliación
La actitud y comportamiento de los miembros de la administración Jácome ha recibido críticas por parte del PP, quien afea la ausencia de las responsables de Servicios Sociales y Dinamización, calificándolas de una “falta de respeto” de cara a la obligada transparencia que debe mantener un gobierno local.
Los populares también hicieron hincapié en que hay varias familias que se han quedado sin plaza en las actividades de verano ofertadas por el Concello, llamando a “solucións urxentes”, y acusando a la administración Jácome de practicar “un desmantelamento das políticas de conciliación, reducindo recursos e ofertando cada ano menos prazas”.
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