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El Archivo Histórico Diocesano de Ourense recibe una media de 50 consultas diarias que buscan información de expedientes como partidas de nacimiento, certificados de defunción o fe de bautismo. Son sobre todo consultas por correo electrónico que reciben desde el otro lado del Atlántico, principalmente de países como Cuba y Argentina, pero también de México, Venezuela y Puerto Rico. Descendientes de ourensanos de segundas y terceras generaciones que buscan sus orígenes en Galicia y que ven en esos documentos la posibilidad de huir de la pobreza que castiga sus países.
Así lo revela Pablo Cid, encargado del Archivo Diocesano, que cada día se enfrenta a la tarea de dar respuesta a esos centenares de peticiones que se acumulan sobre su mesa. El motivo de este aluvión de correos electrónicos hay que buscarlo en la Ley de Memoria Democrática que amplía a segundas y terceras generaciones la posibilidad de adquirir la nacionalidad española demostrando que son descendientes de emigrados.
Pero el tiempo se agota, porque los plazos de la también conocida como Ley de Nietos finalizan el mes de octubre de este año, y en esa fecha se cierran las puertas para el acceso a la nacionalidad española.
Esta situación está dando pie a un mercado negro de certificados que el Archivo Diocesano localiza en Cuba. “Para cualquier país del mundo es suficiente con que los documentos enviados lleven el cuño del Archivo y la firma del director. Pero desde hace un mes desde Cuba se nos exige que lleve la firma del vicario. Al principio no sabíamos porqué, pero luego descubrimos que estaban falsificando nuestros documentos”. Según les han transmitido algunos ourensanos en el exterior, son certificados que se venden por 2.000 o 3.000 euros, unas cantidades prácticamente imposibles de ahorrar para los cubanos, pero que les permitirían huir de la pobreza de la isla.
Cuba es el único país en el que han detectado este tipo de situaciones, pero Pablo Cid también destaca otros intermediarios que están obteniendo grandes beneficios del trabajo del Archivo Diocesano. Este es el caso de bufetes de abogados que actúan como meros intermediarios que reciben una petición y se limitan a tramitar la solicitud. “Nosotros cobramos 10 euros por ese documento, pero sabemos que luego van a cobrar hasta 200 y 300 euros”.
El Archivo Histórico Diocesano alberga más de 12.000 libros parroquiales de las más de 700 parroquias, un depósito que hace un recorrido por la historia de los últimos cinco siglos de la provincia y que recoge los distintos momentos vitales de millones de ourensanos. Pablo Cid explicaba ayer en el programa En Portada de Telemiño que las búsquedas que realizan tienen una elevada dificultad. “El primer problema al que nos enfrentamos es que no tenemos todos los libros parroquiales. En ocasiones han podido sufrir daños en su conservación -son registros con varios siglos de historia- en otros la iglesia ha sufrido algún incendio, como en Trasmiras o Barbadás, que han desaparecido algunas décadas lo que complica la resolución de algunos expedientes”.
Otro problema es cuando son fechas del siglo XX, porque los libros pueden estar todavía en las iglesias, sobre todo en localidades pequeñas, donde las bodas y los bautizos han desaparecido y los libros de registro nunca se acaban de completar.
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