Se disparan los casos de familias ourensanas que se declaran en quiebra

Reclamación de deudas monetarias, pleitos con los bancos por los gastos hipotecarios, impagos de cuotas de la hipoteca, conflictos entre exparejas por la custodia de los hijos o desacuerdos entre herederos por el reparto de los bienes patrimoniales inspiran muchas de las demandas que llegaron a los juzgados civiles del partido judicial de Ourense en 2024. Un año récord para los siete juzgados de instancia de la ciudad: la avalancha de demandas los puso al borde del colapso con una carga de trabajo sin registros comparables. En total, recibieron 12.535 asuntos, un 22,3% más que en 2023. En el caso de Instancia 6, llegó a superar los 2.200. Y toda esta carga, con la misma plantilla: el último juzgado civil creado data de enero de 2018.

Las deudas que se hacen bola llevaron a casi cuatro familias ourensanas cada semana a declararse en quiebra: se presentaron 204 concursos de personas naturales no empresarias en el Juzgado Mercantil (Instancia 4), según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que implica un repunte del 82,1% con respecto al año anterior, cuando fueron 112 (63 en 2022). Los concursos de familias están en nivel récord, impulsados por la ley de segunda oportunidad, un mecanismo que permite reordenar las deudas y copan ahora un tipo de procedimiento por insolvencia tradicionalmente ligado a las empresas (hubo 15 concursos de empresas -personas jurídicas- frente a los 11 de 2023 o los 21 de 2022).

Tarjetas revolving

La crisis derivada de la coyuntura económica actual y la escalada de precios también aumentó las demandas de afectados por las tarjetas de crédito de pago aplazado (tarjetas revolving). 

Estas deudas por impagos son adquiridas por fondos buitre, encargados de demandar a los afectados mediante un proceso monitorio (una vía rápida para deudas pequeñas), que responden antes de convertirse en morosos solicitando la nulidad del contrato de ese crédito que les convirtió en morosos. Las previsiones, además, apuntan a que este tipo de demandas de afectados seguirá subiendo después de las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo que consolidan los criterios para seguir reclamando, no solo por intereses abusivos, sino por falta de transparencia a la hora de informar sobre el producto contratado y sus consecuencias. 

Los concursos de personas naturales no empresarias, en nivel récord, impulsados por la ley de segunda oportunidad

En toda la provincia, se contabilizaron 6.470 monitorios, un 11% más que el año precedente, según los datos del CGPJ.

La reclamación de los gastos hipotecarios está ligada al aumento de las demandas después de que altas instancias judiciales se los endosaras a la entidad bancaria. Hubo ourensanos que acudieron incluso al juzgado con hipotecas suscritas a finales del pasado siglo y ya zanjadas. Los despachos de abogados, a sabiendas de que era un pleito fácil de ganar, se ofrecieron a demandar gratis para el consumidor ya que cobraban sus honorarios en costas (las paga el banco cuando pierde el pleito).

Más despidos

La jurisdicción en la que se dirimen los conflictos laborales fue otra de las que registró más asuntos el pasado año, pero con un leve repunte (3.390 frente a los 3.356 de 2023). Los cuatro juzgados sociales de la provincia de Ourense no llegaron a los 4.000 que habían rebasado en 2021, un año en el que hubo un gran volumen de demandas para solicitar a la Seguridad Social el complemento de maternidad en la pensión de jubilación por parte de los hombres.

Hoy en día, según comenta una jueza ourensana, “se reclama absolutamente por todo en materia laboral”. Las impugnaciones de resoluciones, el reintegro de gastos-prestaciones, los despidos y el reconocimiento de derechos fundamentales es lo que más se pelea en esta jurisdicción. Según lo datos del CGPJ, los sociales ingresaron 636 demandas por despido frente a las 582 de 2023.

Menos recursos contra las administraciones

En cuanto a los recursos de las resoluciones de las administraciones, hubo menos. Los dos juzgados contenciosos-administrativos contabilizaron 573 asuntos frente a los 661 de 2023 (-13,3%).

La escalada de delitos pasa factura

La mayor carga de trabajo también se evidenció en los dos juzgados penales ourensanos durante el pasado año, con un 18% más de procedimientos, y cuya actividad se vio muy lastrada por la huelga de los letrados del Turno de Oficio. En 2024, les llegaron más de un millar de asuntos para juzgar (516 y 497 en el Penal 1 y 2, respectivamentre). Pese a que hubo días de hasta seis vistas en una mañana, la pendencia se disparó. En estos momentos, los asuntos que pasan al Penal 2 no tendrán hueco en la agenda de señalamientos hasta noviembre.

Aunque los procedimientos relacionados con la violencia de género y delitos viales (conducir sin puntos, sobre todo) son el pan de cada día en estos órganos sentenciadores, han aumentado las infracciones penales por peleas y riñas circunscritas el ocio nocturno así como las agresiones sexuales (tocamientos). Y se evidenciaron más estafas online, aunque los robos con fuerza son el delito contra la propiedad más numeroso en los procedimientos que les llegan. 

Las causas que aterrizaron en los tres juzgados de instrucción por delitos descendieron levemente: hubo 5.186 frente a los 5.295 del año anterior. El juzgado número 3, que también lleva los casos de violencia de género, superó con creces los registros de los otros dos, con más de 2.200 asuntos nuevos y 91 demandas civiles en cuestiones relativas a la violencia doméstica.