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PRÓRROGA DE PRISIÓN PROVISIONAL
El fiscal y el abogado de la acusación particular pretenden que D.A.A.L. (47 años) siga en prisión provisional aunque el 13 de agosto se cumplen los dos años que marca el plazo ordinario para estar privado de libertad sin sentencia firme. Las acusaciones creen, tal como expusieron ante los magistrados de la Audiencia, que la gravedad del delito por el que el inculpado fue encarcelado en agosto de 2023 -violaciones a dos menores de su entorno familiar- hace recomendable la prórroga.
Además, concurre, a su juicio, riesgo de fuga por la elevada pena a la que se enfrenta. El representante del Ministerio Público y el abogado que representa a las niñas interesan 30 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años. Las víctimas, ambas hermanas, tenían 10 y 12 años cuando presuntamente sucedieron los hechos objeto de acusación. Las menores eran hijas de la pareja sentimental del acusado, con quien tiene una hija en común.
El abogado del acusado pidió, por contra, la excarcelación, alegando el tiempo transcurrido en prisión provisional y el hecho de que hay otras medidas menos gravosas para segurar su asistencia a juicio, que en principio está fijado para la próxima semana (día 3). La Audiencia Provincial es la encargada ahora de decidir si prorroga dos años más su estancia en la cárcel (el tope máximo como preventivo son cuatro años).
Las acusaciones no solo piden una larga condena para el inculpado sino indemnizaciones para las víctimas, con graves secuelas: 25.000 euros para una de ellas y 60 mil para otra.
Los hechos delictivos supuestamente sucedieron entre mayo y abril de 2023, en el caso de una de las niñas, y entre enero y abril de ese mismo año , en el de la otra. Siempre, como suele ocurrir en estos casos, en la intimidad del hogar familiar, aprovechando la ausencia de la madre por motivos laborales. La progenitora confiaba en su pareja y él era encargado de las menores. Según la denuncia, el padrastro aprovechaba el control que ejercía sobre las perjudicadas para amedrentarlas en caso de que contasen lo sucedido. Las pequeñas le tenían miedo y, según la denuncia, él amenazaba con hacerle daño a la madre.
El juicio se celebrará a puerta cerrada y las niñas no declararán, ya que hay prueba preconstituida.
Las estadísticas oficiales respecto a víctimas ourensanas, no agresores, reflejan que cuatro de cada diez tienen menos de 18 años. Y el dato preocupante es que las cifras están muy igualadas entre las que no superan los 12 y las de 13 a 17. Así, en el último año con estadística cerrada, 2023, se contabilizaron 111 víctimas de delitos contra la libertad sexual. Veinte de ellas no superaban los 13 años mientras que 23 de los menores afectados tenían entre los 14 y los 17 años.
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