La Fiscalía pide cárcel para el expropietario del Bamio en Ourense

La Fiscalía Provincial de Salamanca solicita dos años y medio de cárcel para el empresario salmantino Félix Aparicio -conocido como uno de los “testaferros” de Víctor de Aldama en la trama de los hidrocarburos- y su esposa por ocultar sus bienes para evitar pagar la millonaria deuda que contrajeron al comprar el complejo deportivo Bamio en Ourense. En lugar de devolver el dinero, los acusados habrían vaciado su propia empresa y desviado los fondos, una maniobra -conocida como delito de frustración de la ejecución- que terminó dejando estas instalaciones atrapadas en las redes del “caso hidrocarburos”.

El escrito de acusación provisional, desvelado por La Gaceta de Salamanca y al que ha tenido acceso este periódico, desgrana al detalle cómo eludieron un pago de 443.000 euros. El juicio en la Audiencia Provincial salmantina, previsto para hace unos días, se ha aplazado hasta febrero de 2027.

La investigación de la fiscal sitúa el origen del conflicto el 30 de octubre de 2018. En esa fecha, los acusados lograron que un particular, a través de sus empresas Serrán Center y Scola Deportiva Meridem, les concediera dos préstamos por valor de 237.000 y 206.000 euros.

El dinero se inyectó en la sociedad de los acusados (Salalim XXL) con un objetivo: concurrir a la subasta para adquirir el complejo Bamio. Tras ganar la puja, las instalaciones ourensanas se convirtieron en el único activo patrimonial de su empresa, marcando el inicio de una rocambolesca historia.

Jácome y su compra frustrada

Con el complejo recién adquirido y sumido ya en su conocida espiral de abandono, se produjeron los intensos contactos con el Concello de Ourense. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, reconoció haber recibido en el consistorio en una quincena de ocasiones a los últimos dueños del recinto, sumando al menos diez encuentros exclusivos con Félix Aparicio, a quien llegó a calificar públicamente de “pesado”.

La intención inicial del empresario, según fuentes del caso, era levantar allí una gran pista de karting para impulsar la incipiente carrera deportiva de su hijo en esta disciplina. Al no fructificar el proyecto privado, el gobierno local vio la oportunidad de hacerse con los terrenos. Jácome intentó comprar la parcela con dinero público en los plenos de diciembre de 2020 (por 750.000 euros) y de junio de 2022 (elevando la oferta a 770.000).

En ambas ocasiones, la oposición tumbó la iniciativa, argumentando que el precio estaba inflado para unas instalaciones ruinosas y cuestionando la transparencia. Para el segundo intento, la telaraña societaria ya había empezado a tejerse. La falta de apoyos frenó una compra que habría supuesto inyectar cientos de miles de euros ourensanos en las cuentas de una red que hoy investiga la Audiencia Nacional.

Cronología

Mientras, la presunta estafa del Bamio ya estaba en marcha a espaldas de Ourense. Según sostiene la Fiscalía, para declararse insolventes y evitar devolver los 443.000 euros a los prestamistas, el matrimonio vendió en octubre de 2021 la mitad del recinto a Antromero Desarrollo Empresarial SL (controlada por los socios de Aldama, apoderado solidario de esa misma empresa) por 365.000 euros -el complejo tenía un valor catastral de 3,7 millones-.

El escrito de acusación subraya “la trampa” clave de este movimiento: ese dinero nunca se ingresó en la sociedad propietaria del complejo para saldar las deudas, sino que fue desviado directamente a una cuenta personal de Aparicio.

La absorción del Bamio por parte de la trama se completó seis meses después, en abril de 2022. Fue entonces cuando los acusados aportaron la otra mitad de la propiedad que aún conservaban a Delorean Plus Dreams, la sociedad considerada por la justicia como el epicentro del millonario fraude del IVA de los hidrocarburos. A cambio, el matrimonio recibió participaciones sociales, diluyendo definitivamente el rastro del complejo deportivo.

Por todo esto, la Fiscalía exige 2 años y 6 meses de prisión para cada uno de los cónyuges, además de 18 meses de multa a razón de 12 euros diarios, y que indemnicen a los prestamistas originales con los 443.000 euros que les dejaron a deber.

El billete de entrada a la trama: testaferros, los “Mosqueteros” y una boda en Ibiza

Lo que en los juzgados de Salamanca nació como un litigio por una deuda de 443.000 euros, se ha revelado como el kilómetro cero de una gran trama nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que la operación del Bamio sirvió a Félix Aparicio para su “primer contacto” con la red de Víctor de Aldama, convirtiéndose en su “testaferro cualificado”.

La red absorbió el recinto utilizando a sus peones más fieles. Antromero, que compró la mitad del Bamio muy por debajo de tasación, estaba vinculada a Ignacio Díaz Tapia -del chat de los “Mosqueteros” de los socios de Aldama en el “caso Koldo”- y a Luis Alberto Escolano, el “hermanito” de Aldama, administrador también de Delorean Plus Dreams, epicentro del fraude de hidrocarburos, donde acabó la otra mitad del Bamio.

Conexiones

La integración de Aparicio fue total. Tras entregar el Bamio, según la UCO la trama lo nombró administrador único de Salamanca Fuel Center, la pantalla con la que defraudaron presuntamente 34,6 millones en 2023.

El blindaje operaba también en tribunales. Antromero, inicial acusación particular, se retiró mediante un “acuerdo extrajudicial”. El abogado que retiraba los cargos era Iván Sánchez Arbaizar (que fue letrado de Aldama en el “caso Koldo”), y quien defendía a Aparicio era Vicente Sanmartín, abogado de Obaoil 3000 -una de las empresas de la trama-.

Esta intimidad quedó inmortalizada por la UCO el pasado mes de julio. Víctor de Aldama y Félix Aparicio posaron juntos como invitados precisamente en la lujosa boda ibicenca de su abogado, Vicente Sanmartín.