El interventor ve “trato desigual” en la valoración de ofertas del bus urbano

El contrato del autobús urbano, como se preveía, traerá cola. Era un secreto a voces que Gavilanes sería la oferta más valorada, lo avanzó este periódico y lo llegó a decir el BNG en el pleno, y así ha sido. Y llega con polémica. El interventor municipal ha advertido de “desigualdad de trato” en la valoración, ya publicada ayer tras 69 días en un cajón, que entrega la máxima puntuación del bus urbano a la UTE (Unión Temporal de Empresas) de la que forma parte Gavilanes. El fiscalizador municipal ha emitido un voto particular contra el informe técnico, alertando de que se penalizó a otras empresas por criterios no recogidos en los pliegos mientras se valoraban positivamente otros de forma presuntamente arbitraria para la ganadora.

La adjudicación de uno de los contratos más importantes del Concello de Ourense ha dejado de ser una cuestión administrativa y adquiere tintes políticos y, posiblemente, jurídicos. La Mesa de Contratación oficializó este miércoles la apertura de los sobres técnicos del servicio de transporte urbano, confirmando la victoria de la UTE Sagalés-Empresa Gavilanes, vinculada al histórico regidor popular de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, con una puntuación de 35,625 puntos. Sin embargo, el interventor votó en contra de la valoración, denunciando que adolece de una “desigualdad de trato” manifiesta entre los licitadores y aplica criterios subjetivos que no figuran en los pliegos de condiciones.

Alerta de que se penalizó a empresas mientras se validaron criterios no recogidos en los pliegos, en beneficio de gavilanes

El foco de la controversia, según consta en las actas, reside en la metodología empleada por el jefe de Transportes para calificar las ofertas. El órgano fiscalizador alerta de que se ha aplicado una doble vara de medir administrativa que ha resultado determinante para la clasificación final. La actual concesionaria, Avanza, y Monbus han sido penalizadas en apartados clave por desglosar su información técnica en los anexos de la documentación, un criterio cuestionable, a juicio de la Intervención.

Criterios

Esta diferencia de criterio, que el interventor califica de “incongruente” y carente de amparo en las bases del concurso, tiene efectos. Avanza, actual adjudicataria en precario, obtuvo una puntuación de 24,000 puntos exactos, la cifra matemática justa que exigía el pliego para evitar la expulsión directa del procedimiento. Una sola décima menos habría supuesto su eliminación. Para otorgar esta calificación, el técnico penalizó con notas de 0,25 puntos a Avanza o Monbus alegando que sus planes de contingencias y tiempos de respuesta “no se encuentran en la memoria”, a pesar de que, como reseña el interventor, esos datos sí figuraban detallados en los documentos anexos y en páginas concretas de sus ofertas. Por el contrario, el informe premia con la excelencia a la UTE de Gavilanes por incluir tablas resumen dentro del límite de la memoria.

La “desigualdad de trato” advertida por el habilitado nacional no se limita a cuestiones de formato. El voto particular cuestiona algunos fundamentos que han aupado a la UTE Sagalés-Gavilanes a la primera posición. En concreto, el interventor desmonta la puntuación máxima otorgada en el apartado de atención al usuario, donde el técnico valoró que la empresa Gavilanes destinaba a cinco personas “en exclusiva” a la gestión de reclamaciones. Según el fiscalizador, dicha exclusividad “no concurre” en la realidad, ya que la propia oferta de la empresa reconoce que ese personal realizará otras tareas, lo que invalidaría la premisa utilizada para otorgar la máxima nota.

Del mismo modo, la valoración de las instalaciones está también en el foco del interventor. La UTE ganadora obtuvo 14 puntos frente a los 7 de la actual concesionaria gracias, fundamentalmente, a la presentación de una nave de más de 7.300 metros cuadrados. El interventor advierte en su escrito que el informe técnico ha otorgado “gran relevancia a la dimensión” de las cocheras como un valor en sí mismo, un criterio de tamaño que “no se estableció en los pliegos” y que introduce un elemento de subjetividad no previsto en las reglas del juego.

El informe de valoración técnica que consagra estos resultados fue firmado originalmente el pasado 9 de octubre, pero ha permanecido oculto en los despachos municipales durante 69 días. Finalmente, la Mesa ha dado luz verde a la propuesta apoyándose en un nuevo informe del técnico, quien defiende sus criterios y sostiene, por ejemplo, que valorar por los anexos supondría un agravio comparativo en la extensión de los proyectos.

Futuro incierto

El resultado sitúa a la empresa vinculada familiarmente a José Luis Gavilanes -firmante en junio de 2023 del pacto de investidura entre PP y DO- en cabeza para hacerse con el contrato, valorado en más de 57 millones. Una circunstancia que no pasó desapercibida para el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien minutos después de la Mesa publicaba en sus redes un mensaje subrayando que la valoración era exclusiva de “un funcionario” y destacando el triunfo de la “ourensana Gavilanes”, aunque por poco más de tres puntos sobre Monbus (que obtuvo 32), por lo que ahora se decidirá en la oferta económica.

En todo caso, la solicitud de nulidad registrada por Avanza, que alega alteración material del contrato, y las advertencias del interventor anticipan un futuro incierto.