“Es el mayor disparate que he visto en 30 años”

El Concello de Ourense se ha convertido definitivamente en un polvorín. El pleno extraordinario de ayer martes -convocado de urgencia para abonar, con casi un año de retraso, la iluminación de la Navidad pasada- sirvió para constatar la ruptura total entre el gobierno local y el habilitado nacional encargado de la fiscalización económica municipal, el interventor Gonzalo Alonso.

Jácome consigue pagar las luces del año pasado, un año después, gracias al pp y pese a las advertencias de irregularidades

El punto llevado por el gobierno local para levantar un reparo -que el interventor negó haber hecho- y desbloquear la factura de 600.000 euros pendiente desde febrero derivó en un enfrentamiento inédito. La tensión estalló cuando el habilitado nacional, encargado de velar por la legalidad de las cuentas, se vio obligado a intervenir a viva voz para defenderse de las acusaciones de bloqueo vertidas por la Alcaldía. Mientras Alonso advertía de “irregularidades” graves, Jácome lo acusaba de realizar un “speech político” y de actuar de forma sibilina para retrasar la maquinaria administrativa.

“Expediente fraude” y presupuesto “plagado de errores”

En una alocución inusualmente dura y extensa, Alonso calificó la situación actual como “el mayor disparate de gestión” y el peor “caos presupuestario” que ha presenciado en sus 30 años de carrera profesional. El técnico fue contundente al señalar que el expediente de las luces constituye un “expediente fraude”, ya que “las previsiones presupuestarias no pueden cambiar la duración, el objeto o la financiación de un contrato”.

El interventor aprovechó para alertar de que el presupuesto municipal aprobado en agosto está “plagado de errores”, desde no incluir documentos que acrediten la negociación con sindicatos hasta “mirar para otro lado” con deudas previas. Advirtió de la gravedad de una gestión que podría acarrear, de nuevo, la anulación de las cuentas municipales.

“Tengo derecho a ser malpensado”

Lejos de la autocrítica o de abrirse al diálogo, la respuesta de Jácome fue una declaración de guerra abierta. El regidor insinuó que el interventor actúa con mala fe para perjudicar deliberadamente al gobierno local -”tengo derecho a ser malpensado”, espetó- y le acusó de no fiscalizar el expediente de las luces “porque no le dio la gana”.

El alcalde elevó el tono hasta la amenaza legal, anunciando al finalizar la sesión que dará traslado del expediente a la Xunta de Galicia. Dado que el Concello no tiene competencias sancionadoras sobre los habilitados nacionales, Jácome solicitará al gobierno autonómico que se le exijan responsabilidades patrimoniales al funcionario, culpándole de los intereses de demora generados por el impago.

El aval de Cacharro a la tesis del gobierno

En este pulso contra la Intervención, Jácome no estuvo solo. El alcalde contó con el respaldo técnico de Francisco Cacharro, actual secretario del pleno y anterior coordinador general del Concello, cuya figura fue determinante para armar la arquitectura jurídica que permitió al regidor sortear el bloqueo.

Frente a la postura del interventor, que insistía en que solo devolvió el expediente y no hizo ningún reparo, la asistencia de Cacharro avaló la tesis del gobierno local, considerando su oficio de devolución y la negativa a fiscalizar como un “reparo de facto”. Esta interpretación fue la llave que permitió a Jácome elevar el asunto a votación, una maniobra que el propio interventor atribuyó, no sin cierta ironía durante su alocución, al criterio del “gran coordinador general” en el que se apoya el alcalde.

El origen del caos

El origen de este conflicto contable radica, según desveló el debate plenario, en el desmantelamiento del área de Comercio y los consiguientes “quiebros contables” del gobierno local. Según explicó el interventor, en 2024 se destinaron casi 600.000 euros a las luces con cargo a Comercio, pero tras la “disociación” de las áreas, lo que antes era Comercio se convirtió en Promoción de la Cultura. El presupuesto actual, señaló Alonso, “mira a otro lado” y solo contempla fondos en Cultura, lo que impide fiscalizar correctamente el gasto original.

El gobierno local transformó el oficio de devolución del interventor (que pedía subsanar este error) en un reparo para así levantarlo en el pleno celebrado hoy -con la abstención del PP- y eludir la fiscalización.

Papel clave del PP

Los populares volvieron a jugar un papel decisivo para deshacer el entuerto. Su portavoz, Javier Nóvoa, fue crítico con la gestión de Jácome, reconociendo que pagar ahora una factura de febrero es fruto de la ineficacia del gobierno, pero optó por la abstención para permitir que “las empresas cobren”. No obstante, Nóvoa censuró el protagonismo de los funcionarios. “Los técnicos tienen que escribir, no hablar”, exigió el popular, solicitando que se limiten las intervenciones orales de secretario e interventor en los plenos.

Advertencias de PSOE y BNG

Tanto PSOE como BNG coincidieron en alertar de las graves consecuencias jurídicas de este modus operandi instalado en el Concello. La socialista María Fernández advirtió que contratar servicios “a sabendas” de que no existe crédito presupuestario adecuado podría constituir un delito de “malversación de caudais públicos”, acusando al regidor de actuar con “manifesta incapacidade política”.

Por su parte, Luis Seara (BNG) lamentó que la estrategia de Jácome busca “amordazar as voces disidentes” dentro de la casa, y recordó que cuando funcionarios de alto nivel toman la palabra no dan opiniones, sino que están formulando “advertencias de ilegalidade” que el gobierno local está decidiendo ignorar sistemáticamente.