Jácome afronta el año 2026 con tres frentes judiciales abiertos a la vez

El destino tiene a veces un sentido del humor macabro. Gonzalo Pérez Jácome no tendrá en 2026 el Entroido que había imaginado. Quién lo diría para un alcalde que ha hecho de la fiesta y el disfraz su principal bandera política. El próximo 13 de febrero, Viernes de Entroido, el regidor tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción número 1. Allí deberá hablar en calidad de investigado, enfrentándose al proceso judicial más complejo y personal de su vida política.

La citación por apropiación indebida que trascendía hace unos días marca un punto de no retorno en la travesía política del líder de Democracia Ourensana. El auto de admisión a trámite del magistrado Leonardo Álvarez inicia una instrucción penal. Ya no se investigan “errores” burocráticos ni audios anulados por su “origen ilícito”; lo que la Justicia investiga ahora es una supuesta “planificación consciente” para el saqueo institucional.

Esta citación actúa como la pieza central de una telaraña que asfixia la gestión de Jácome, quien afronta un escenario de tormenta perfecta con tres frentes judiciales abiertos casi simultáneamente que fiscalizan las tres aristas de su poder: su patrimonio personal, su gestión de la “cosa pública” y el uso privativo de los recursos municipales.

Apropiación indebida

La causa más reciente, fundamentada en la querella del exconcejal Telmo Ucha, es la que más amenaza su supervivencia política. La acusación sostiene que la duplicidad de ingresos del alcalde -cobrar la exclusiva del Concello y mantener su TV privada- no es un mero despiste, sino una estrategia. La denuncia lo califica de “planificación consciente y deliberada” para enriquecerse a costa del erario público.

Para entender la gravedad hay que rebobinar hasta agosto de 2019. Jácome, recién investido alcalde, solicitó la compatibilidad, pero los técnicos de la Asesoría Jurídica le pararon los pies advirtiéndole de que su actividad empresarial no era marginal y la ley lo prohibía. Ante ese muro, el alcalde optó por la artimaña: retiró la solicitud para evitar que el Pleno se la denegara oficialmente, pero siguió cobrando el sueldo público íntegro (hoy de más de 75.000 euros, aunque la cifra exacta baila por la opacidad del regidor, que ni siquiera informa a Hacienda de lo que cobra) sin renunciar a su negocio.

La Justicia debe determinar ahora si esa maniobra de esconder la mano constituyó una ocultación deliberada de la realidad para percibir indebidamente una doble remuneración durante estos más de seis años. El juzgado ha ordenado, además, levantar el secreto fiscal, requiriendo a la Agencia Tributaria las declaraciones de IRPF, IVA y Patrimonio de Jácome desde 2019. El alcalde que llegó prometiendo auditar hasta los bolígrafos del Concello acaba con sus cuentas personales auditadas por Hacienda bajo sospecha de fraude.

El desarrollo de esta fase de instrucción contará con un giro de guion digno de una serie de intriga política. El juez ha citado a declarar como testigo a Juan Ramón Costas, el jefe de la Asesoría Jurídica que en 2019 firmó los reparos legales que Jácome ignoró. La paradoja reside en que este testigo clave acaba de ser “repescado” por el propio Jácome hace apenas tres semanas para ocupar el puesto de coordinador general, el mejor pagado del Concello. El hombre que le dijo “no” es ahora su “city manager”, un cargo de máxima confianza blindado con una retribución superior a los 90.000 euros anuales. ¿Es un premio a la valía profesional o un intento de neutralizar un testimonio incómodo? El 13 de febrero lo sabremos.

Prevaricación por inacción

Paralelamente a la investigación económica, el alcalde enfrenta un segundo frente penal, esta vez impulsado por la Fiscalía de Medio Ambiente. El Ministerio Público ha denunciado a Jácome por prevaricación omisiva, elevando el conflicto del ruido en el Casco Vello a la categoría de delito. La tesis de la Fiscalía es clara: el alcalde conocía los incumplimientos sistemáticos de la normativa en la zona histórica y decidió, presuntamente de forma deliberada, “no actuar”. Se le imputa haber guardado en un cajón las denuncias vecinales y las mediciones policiales, protegiendo la actividad de la hostelería nocturna en detrimento de la salud de los residentes. Ha tenido que ser la perseverancia de la Asociación O Cimborrio la que rompa este muro de impunidad acústica.

Malversación

El sumario de causas abiertas dibuja un sistema depredador, una suerte de “cleptocracia low cost” donde lo público y lo privado se entremezclan. El negocio privado del alcalde aparece como el gran parásito de los recursos municipales, cerrando un círculo vicioso de financiación cuestionable.

Por un lado, se investiga el flujo del dinero, ya que se ha abordado en múltiples ocasiones que la televisión se nutre, en parte, de las asignaciones de fondos públicos que el Concello transfiere al grupo municipal de Democracia Ourensana -algo que Jácome nunca ha negado-. Por otro lado, el uso de recursos humanos, ya que la denuncia del exasesor José Manuel Palacios mantiene abierta una causa por malversación contra Jácome, centrada en la figura de Germán López Vázquez y la compra de cámaras con fondos públicos. La Justicia trata de esclarecer si este asesor eventual, cuya nómina pagan todos los ourensanos, ejerce realmente labores de cámara y técnico para la televisión privada del alcalde. Y, por si fuera poco, la instrucción también trata de aclarar si son las cámaras que usa para emitir programas en Auria TV las mismas que compró a cargo de las cuentas del Concello. Es decir, una supuesta estructura para “nacionalizar” los gastos de personal y privatizar los beneficios comerciales. En resumidas cuentas, un modelo de negocio redondo a costa del contribuyente.

Ecosistema bajo sospecha

A estas tres imputaciones se suma el ruido de fondo de una gestión cuestionada en áreas sensibles. Aunque no le señalan como investigado directo -de momento-, dibujan el ecosistema en el que opera su gobierno. La Concejalía de Urbanismo acumula expedientes polémicos como el de la discoteca “Desorden”, reabierta con informes cuestionables y acusaciones vecinales de amiguismo, y la denuncia sobre técnicos municipales que actuaban como peritos privados en otros concellos -como el caso Celanova- sin que el Concello haya aclarado si estaban autorizados para ello.

Con su patrimonio bajo la lupa, técnicos citados a declarar y la Fiscalía cercando sus pasos, cae el telón del late night de Jácome, un espectáculo que ha sumido a la ciudad en su particular longa noite de pedra.